Además de la caída en bolsa de Glovo, las multas y la presión regulatoria, se abre un nuevo frente, la investigación por cártel de Europa
Glovo, la compañía cofundada y comandada por Óscar Pierre va de capa caída y se enfrenta a otra lluvia de procedimientos con Trabajo por el modelo laboral. Mientras, su dueño, la alemana Delivery Hero, sigue cayendo en bolsa y ya ha perdido más de la mitad de valor en 24 meses, lo que presiona a socios que tienen miles de títulos aún por vender. La investigación por cártel de la Comisión Europea se ha convertido en el último frente.
La fuerte presión regulatoria se ha unido a una pesada mochila antes de firmar la compra. En el contrato de compraventa, se contabilizaban hasta un centenar de procedimientos legales abiertos en todos los mercados, según quedaba reflejado en los anexos del documento. Buena parte de ellos se referían a la relación laboral de sus repartidores en España y en otros países. Muchos procedían de la normativa de la Ley Riders y han ido avanzando.
Las multas a Glovo
En septiembre de 2022 se le impuso una sanción de casi 79 millones en Barcelona y València y otra de 32,9 millones en enero de 2023.
Ahora, tras la entrada en vigor de la ley se han efectuado las primeras actas de liquidación. Respecto a los casos anteriores a la normativa aprobada, más de 400 millones de euros para el periodo comprendido entre el verano de 2021 y 2023. Delivery Hero se comprometió a provisionar entre 30 y 45 millones al trimestre para hacer frente a estos casos posteriores.
La empresa Glovo ya acumulaba a principios de año sanciones por importe de más de 200 millones de euros, pero nuevas inspecciones realizadas este mes de enero podrían superar los 80 millones de euros en multas, por lo que en total debería a la Tesorería General de la Seguridad Social, unos 400 millones.
Además de esto, Trabajo abrió otras dos inspecciones, una por vulneración del derecho a la intimidad de los trabajadores y otra por contratar a repartidores sin papeles.
Frentes judiciales
En este tiempo, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado después de la primera sentencia que fijó que el ‘modelo laboral’ de Glovo con riders antes de la nueva ley llevaba a calificar a los repartidores como falsos autónomos. Pero hay más. La Fiscalía de Barcelona presentó a finales del mes de junio una denuncia penal contra Glovo después de un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo y remitido a la Fiscalía General en 2023. El Código Penal castiga esta práctica con penas de cárcel de seis meses a seis años.
El 20 de septiembre del pasado año, el Observatorio de Trabajo, Algorítmico y Sociedad (TAS), en colaboración con la plataforma sindical Riders X Derechos y Taxi Project 2.0, también presentaron una querella criminal contra Glovo por presuntos delitos contra la hacienda pública y contra la Seguridad Social, delitos de estafa, y delitos contra los derechos de los trabajadores. La querella señala que estas prácticas se llevan ejerciendo desde el año 2015 como conducta continua, lo que conlleva a considerarlo un dolo reduplicado y, por lo tanto, tener que juzgarse como delito de estafa.
Desde el 31 de diciembre de 2021, las acciones de Delivery Hero han pasado de los 98 euros a situarse en el entorno de los 20 euros.
Las pérdidas millonarias
En el lado puramente económico, la compañía dirigida por Pierre ha peleado en este tiempo contra las pérdidas, generadas en buena parte por las provisiones. Los ‘números rojos’ netos de 2022 ascendieron a 412 millones.
Los de 2023 no se han hecho públicos por los alemanes, pues ya se incluyeron dentro de las cuentas consolidadas pero las previsiones se basaban en 209 millones de euros. Esas previsiones son las que planteó el grupo ante los jueces de la Audiencia Nacional, para suspender cautelarmente pagos de más de 64 millones de euros meses atrás. Hablaban de una “situación extrema” en lo económico.
Si quedaba alguien por entrar en juego en este tiempo, la Comisión Europea hizo acto de presencia este mes de julio abriendo formalmente la investigación por un posible ‘cártel’ entre las dos compañías -por repartirse mercados geográficos o hacer un pacto no de no agresión en el fichaje de trabajadores-.
Los alemanes han elevado a 400 millones la reserva de dinero para afrontar este nuevo frente, que no se resolverá previsiblemente hasta el próximo año 2025. Esta es la culminación de dos años convulsos para la antigua startup española que darán paso a otros más en los que la presión regulatoria no tiene visos de reducirse.
