Pronunciamiento de la Audiencia Nacional respecto a la hoja de ruta de los VTC

La Audiencia Nacional suspende un pago de 64 millones de Glovo a la Seguridad Social pero exige un aval

Sigue la batalla entre Glovo y el Gobierno, el último episodio con una agridulce victoria para la empresa de reparto. La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que exigía que la compañía abonara dos pagos que ascienden a casi 64 millones de euros debido a la situación económica de la empresa.

Los pagos corresponden a la liquidación de un acta de la Inspección de Trabajo en la que se reclaman 24,1 millones de euros y una sanción de más de 39 millones de euros por infracciones concurrentes. De este modo, el abono de esta sanción estará en suspenso hasta que las sentencias sobre el modelo laboral de la empresa sean firmes, un camino que, previsiblemente, terminará en el Supremo.

Mientras tanto, Glovo deberá ofrecer un aval como garantía por esta cantidad y un 10% adicional. La empresa recurrió esta decisión, pero su apelación corrió la misma suerte que la de la Seguridad Social.

Situación económica

Entre las razones que han llevado al tribunal a aplicar las medidas cautelares, se señala las pérdidas que viene arrastrando la compañía, así como la caída de las acciones de su matriz Delivery Hero, ya que la compañía ha perdido un 43% de su valor en bolsa en los últimos seis meses.

Según las previsiones citadas en la resolución, Glovo esperaba cerrar el ejercicio 2023 con unas pérdidas de 209 millones de euros y contaba con un fondo de maniobra negativo de unos 20 millones de euros, lo que podría traducirse en problemas de liquidez en el corto plazo a no ser que reciba una inyección de efectivo de su accionista mayoritario o vía deuda.

«Las entidades financieras españolas han disminuido o eliminado el crédito ofrecido a la compañía», recoge el fallo, que se basa en un peritaje aportado por Glovo a la causa.

Precisamente, los letrados de la Seguridad Social cargaron con que se haya tenido en cuenta esta «prueba de parte», que tildan de «informe parcial e interesado» para mantener las cautelares y suspender así el pago de la multa. Asimismo, también apuntan a que la suspensión perjudica a los trabajadores de la empresa que verán cómo se retrasa el establecimiento de una nueva situación laboral y se resarce el retraso en sus cotizaciones.

300 millones en multas

La empresa Glovo ya acumulaba a principios de año sanciones por importe de más de 200 millones de euros, pero nuevas inspecciones realizadas este mes de enero podrían superar los 80 millones de euros en multas, por lo que en total debería a la Tesorería General de la Seguridad Social, unos 300 millones.

Además de esto, Trabajo abrió otras dos inspecciones, una por vulneración del derecho a la intimidad de los trabajadores y otra por contratar a repartidores sin papeles.

Pero sin duda la que tiene a Glovo contra las cuerdas, es una querella criminal presentada en la Audiencia Nacional –y admitida a trámite–, por parte del Observatorio de Trabajo, Algorítmico y Sociedad (TAS), en colaboración con la plataforma sindical Riders X Derechos y Taxi Project 2.0, por presuntos delitos contra la hacienda pública y contra la Seguridad Social, delitos de estafa, y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Cierre de supermercados fantasma en seis ciudades

El pasado 19 de enero, Glovo anunció el cierre de su red de supermercados fantasma en seis ciudades, abandonando Alicante, Bilbao, Granada, Las Palmas, Pamplona y Tenerife. Se trata de centros logísticos donde la empresa almacena los productos que los usuarios compran online y donde los trabajadores los recogen para repartirlos.

La empresa anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para un centenar de trabajadores.