Yolanda Díaz anuncia otra investigación contra Glovo, esta vez por vulneración del derecho a la intimidad de los trabajadores
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, ha anunciado este martes otra investigación contra la empresa de reparto Glovo, por vulneración del derecho a la intimidad de sus trabajadores.
“Estamos viendo hoy cómo en España la Inspección de Trabajo acaba de abrir una nueva investigación respecto a Glovo porque está vulnerando presuntamente nada más y nada menos que la intimidad de los trabajadores y trabajadoras fuera del desempeño de su actividad profesional”, ha dicho la vicepresidenta en las jornadas ‘Metafuturo: Ciudades del futuro’, organizadas por el grupo Atresmedia.
A comienzos de este año, las multas de la Inspección de Trabajo a Glovo superaban los 205 millones de euros, entre las que estaban emplear a trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, obstrucción a los funcionarios de la Seguridad Social y, la mas importante, seguir utilizando a falsos autónomos como Riders sin pagar los seguros sociales y saltándose la Ley Rider que entró en vigor en agosto de 2021.
Glovo ha seguido desafiando al Gobierno volviendo a intentar sortear la Ley Rider aplicando cambios en su sistema y siguiendo utilizando a falsos autónomos.
Yolanda Díaz anunció hace un año que Trabajo llevaría a Glovo ante la Fiscalía, por la comisión de delitos contra los trabajadores, aunque a pesar de las inspecciones y sanciones que ha recibido la compañía, aún no ha habido una denuncia contra la empresa.
Sn embargo, si se han adelantado a denunciar a Glovo otras entidades. El Observatorio de Trabajo, Algorítmico y Sociedad (TAS), en colaboración con la plataforma sindical Riders x Derechos y Taxi Project 2.0, presentaron una querella criminal contra Glovo en la Audiencia Nacional este mes de septiembre, por presuntos delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social, delitos de estafa, y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Uber Eats contra las cuerdas
El pasado 25 de septiembre Élite Taxi Barcelona, con el apoyo de Riders x Derechos y Taxi Project, presentaron en la Audiencia Nacional una querella contra Uber Eats, acusando a la empresa de delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social y fraude a la Hacienda Pública.
La querella se hacía extensible por presunto delito de organización criminal a Anabel Díaz, directora general de Uber en Europa, Oriente Medio y África; Felipe Fernández de Aramburu, actual director general de Uber España y Portugal; y Juan Galiardo Sosa, director de Uber España en el momento de haberse cometido los presuntos delitos.
El pasado viernes, 6 de octubre, el Juzgado Central de Instrucción número 2 admitió a trámite la querella criminal interpuesta por taxistas y Riders contra Uber.
