El Supremo da la razón a los riders de Glovo y los considera falsos autónomos

La Comisión Europea multa también a Glovo con 400 millones por prácticas anticompetitivas

La propietaria de Glovo, Delivery Hero, ya rebajó el valor de la empresa en 508 millones el pasado mes de abril, ante la oleada de multas y querellas admitidas a trámite, reconociendo en los resultados del primer semestre que podría enfrentarse a multas y reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social en España por un importe de entre 200 y 400 millones de euros por la utilización como repartidores de falsos autónomos.

La multinacional registró pérdidas en 2023 por un importe de 2.305 millones, frente a los 2.975 millones de 2022. Ahora la Comisión Europea ha multado a la empresa con 400 millones de euros por prácticas anticompetitivas, según ha reconocido este lunes el grupo.

A Glovo le va a ser muy difícil librarse, no solo de las multas, sino de las querellas criminales presentadas y admitidas a trámite. El cerco contra la explotación laboral está echado en España.

Todo comenzó en junio de 2020 cuando Yolanda Díaz se reunió con UATAE y con RidersxDerechos, a los que ha presentó el proyecto de ley para que los mensajeros fuesen considerados asalariados y no autónomos. A partir de ahí, en octubre de ese mismo año vino la primera de las sanciones: 16 millones de euros a la Seguridad Social.

En 2021 Glovo abandonó la CEOE una vez aprobada la Ley Rider y Deliveroo directamente abandonó el país, pero Glovo ha seguido desde entonces utilizando a los trabajadores como falsos autónomos, lo que le ha valido sanciones millonarias tras las inspecciones de trabajo y querellas interpuestas.

Cabe recordar que la Ley Riders se aprobó por unanimidad entre los agentes sociales, las patronales y el Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz. Contó con un voto en contra, el de Josep Sánchez-Llibre, presidente de Foment del Treball. La vicepresidenta del organismo, Mar Alarcón, criticó que se regulase a través de una proposición de ley y no como tramitación ordinaria. Alarcón es la fundadora de la empresa de transportes Social Car, la cual tiene un contrato con Uber para realizar los servicios a través de sus vehículos.

400 millones en multas

La empresa Glovo ya acumulaba a principios de año sanciones por importe de más de 200 millones de euros, pero nuevas inspecciones realizadas este mes de enero podrían superar los 80 millones de euros en multas, por lo que en total debería a la Tesorería General de la Seguridad Social, unos 400 millones.

Además de esto, Trabajo abrió otras dos inspecciones, una por vulneración del derecho a la intimidad de los trabajadores y otra por contratar a repartidores sin papeles.

Querellas

Pero sin duda la que tiene a Glovo contra las cuerdas, es una querella criminal presentada en la Audiencia Nacional –y admitida a trámite–, por parte del Observatorio de Trabajo, Algorítmico y Sociedad (TAS), en colaboración con la plataforma sindical Riders X Derechos y Taxi Project 2.0, por presuntos delitos contra la hacienda pública y contra la Seguridad Social, delitos de estafa, y delitos contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía de Barcelona también presentó este mes de junio una denuncia contra los máximos responsables de la empresa Glovo por delitos contra los derechos de sus trabajadores. El ministerio público abrió la investigación a Glovo en el mes de febrero para determinar si podría estar cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores por emplear a falsos autónomos, tras haber recibido un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió a su vez a la Fiscalía General del Estado en octubre de 2023.