El fundador de Glovo solicita el archivo de la causa penal por el caso de los falsos autónomos
El consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, ha solicitado al juzgado encargado del caso el archivo de la investigación penal abierta por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores relacionado con el uso de repartidores como falsos autónomos.
La petición llega en un momento decisivo para el procedimiento judicial, después de que la Audiencia de Barcelona instara a la magistrada a concluir la fase de instrucción y decidir si el proceso continúa hacia juicio o queda archivado.
La Fiscalía mantiene que existen indicios de delito
La investigación analiza si la empresa mantuvo durante años un modelo laboral que incumplía la legislación vigente, utilizando a repartidores como trabajadores autónomos cuando, según distintas resoluciones administrativas y judiciales, debían estar contratados por cuenta ajena.
La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal. En cambio, la defensa del empresario rechaza esa interpretación y sostiene que no existió desobediencia a los requerimientos de la Inspección de Trabajo ni conducta delictiva alguna.
La defensa cuestiona la actuación de la Inspección de Trabajo
En el escrito presentado ante el juzgado, los abogados de Pierre critican la actuación de la Inspección de Trabajo, asegurando que sus actuaciones fueron parciales y responden a un supuesto afán recaudatorio. Asimismo, defienden que las decisiones administrativas adoptadas durante el procedimiento no pueden sustentar una acusación penal.
Un procedimiento con años de recorrido judicial
El caso forma parte del largo conflicto judicial que ha rodeado al modelo laboral de Glovo. Durante los últimos años, la compañía ha estado en el centro del debate sobre el uso de repartidores autónomos, una práctica que ha sido objeto de numerosas resoluciones judiciales y actuaciones de la Inspección de Trabajo.
Posteriormente, la empresa anunció un cambio en su modelo de contratación para adaptar su actividad a la normativa laboral vigente y pasar a contratar a sus repartidores como asalariados, aunque la investigación penal continuó su tramitación.
La decisión queda ahora en manos de la jueza
Tras la solicitud presentada por la defensa, será la magistrada quien determine si procede el archivo definitivo de la causa o, por el contrario, aprecia indicios suficientes para abrir juicio oral y que el máximo responsable de Glovo responda ante los tribunales.
