Denuncia sin precedentes de Taxi Project y Élite Taxi contra Uber, Cabify y Free Now

Las asociaciones Taxi Project, 2.0 y Élite Taxi Barcelona, han presentado sendas denuncias ante las sedes de las agencias de la competencia; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoritat Catalana de la Competéncia (ACCO).

Las empresas denunciadas son Cabify España, S.L., Uber System Spain S.L., y Mytaxi Iberia S.L.

Según ha informado la asociación Taxi Project, 2.0 en una nota de prensa a la que ha tenido acceso este diario, durante los últimos años, las agencias de la competencia en España han venido protagonizando una «cruzada» frente al sector del Taxi, respaldando la competencia desleal de miles de autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), que legalmente jamás fueron otorgadas para la realización de servicios urbanos, ya que legalmente no es esa su función, algo que han hecho y han seguido haciendo persistentemente durante los últimos años.

«El conocimiento por parte de las agencias de la competencia en España, en lo que respecta al conflicto Taxi/VTC es absoluto, y no solo han pasado por alto la ilegalidad e ilegitimidad de los VTC’s haciendo servicios urbanos, sino que además han sido protagonistas principales en el intento de que esas autorizaciones se multiplicasen hasta su absoluta liberalización».

Además, según denuncia el sector del taxi, las agencias también han sido actoras principales de todo intento por regular una actividad que se realiza de forma ilegal y, sistemáticamente, han actuado reiteradamente en los juzgados contra otras administraciones.

«Las dudas y sospechas del sector del taxi frente a las agencias de la competencia en España son sobradamente fundadas a lo largo de los años, sospechas de no estar fomentando en ningún momento la legalidad y libre competencia, y sí fomentando la posición de operadores dominantes de mercado y por tanto monopolios».

En este contexto, recordemos que la actual CNMC está presidida por una ex abogado al servicio de Uber hasta no hace mucho tiempo.

La denuncia presentada se basa en las leyes que las tres plataformas citadas están infringiendo, que basicamente, son las propias leyes de las agencias de la competencia.

En la demanda se señala los 20.000 viajes que Uber a promocionado gratuitamente en la campaña ‘España se vacuna, vamos juntos’. Cabify también realizó otra campaña publicitaria con viajes gratis a los centros de vacunación.

La demanda señala como prácticas predatorias los descuentos de Cabify del 50% a sanitarios, la publicidad que Uber lanzo a los taxistas de no cobrarles comisión durante tres meses para que descargasen la app o dar 300 euros a los que lograran captar a otro taxista que hiciera 25 viajes usando la aplicación.

Dichas ofertas al no indicar un plazo de tiempo podrían ser infraciones tipificadas en el artículo 62 de la Ley de Defensa de la Competencia, lo que pone cataloga a estas empresas de transporte en un abuso de posición dominante e impide la libre competencia».

No olvidemos que estas tres empresas están declarando pérdidas sistemáticamente en sus ejercicios y sin embargo regalan su trabajo asumiendo más pérdidas.



¿Por qué lo hacen y qué buscan?

Basándonos en las denuncias presentadas, estas empresas buscan excluir del mercado a los potenciales competidores, con el fin de conseguir el monopolio en los sectores, y poder aumentar a medio plazo los precios del servicio, como es demostrable en otras ciudades del mundo.

En las denuncias, se argumenta sobradamente que hay indicios de la existencia de intención predatoria por parte de las tres empresas denunciadas, que utilizan la fortaleza de la posición de mercado del que organiza la venta a pérdida, su carácter sistemático y continuado, la falta de toda justificación competitiva objetiva y la aptitud para producir la expulsión del mercado de un competidor o grupo de competidores.

Así indican las asociaciones la publicidad predatoria:

«Nuestra voluntad es llegar hasta el final de estos abusos de posición dominante que cada vez más sufre el sector del taxi, ya incluso desde dentro, por tres empresas que además vienen ejerciendo de lobby frente a las agencias de la competencia, para que esta ‘selva’ o ‘ley del más fuerte’ que denunciamos se multiplique».

¿Cuál será el siguiente paso?

Las denuncias están basadas en resoluciones de las agencias de competencia que no dejan lugar a ninguna duda y deben sancionar con hasta 10 millones de euros, tal y como marca el régimen sancionador por este tipo de infracciones tipificadas como graves.

Si la resolución de las agencias finalmente no se ajusta a derecho, las dos asociaciones ya han informado que iniciarán acciones contra los responsables legales por una posible prevaricación administrativa en el dictado de estas.

¿Quién hay en la CNMC?

Después de seis años al frente de la CNMC y ocho meses de interino, el juguete roto y temerario del PP y miembro del Opus Dei, Marín Quemada, fue por fin sustituido por Cani Fernández el pasado mes de junio de 2020.

Algunos de sus amigos no le cogían el teléfono, sus enemigos se multiplicaban y amenazaban con llevarle ante los tribunales por prevaricación.

Algunos le consideran temerario y otros lo veían como, mientras reclamaba liberalizaciones y privatizaciones se acostaba con el poder para recoger su pan de cada día.

Quemada decidió impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya varios artículos del Reglamento del Área Metropolitana de Barcelona sobre los VTC.

Respecto al servicio público del taxi dijo: «Provocan mayores precios, menor calidad e innovación, disminuyen la oferta disponible y eso se traduce en mayores tiempos de espera».

La sucesora, Cani Fernández

Uber es uno de los clientes que Cani Fernández tuvo en cartera en su larga trayectoria en el despacho Cuatrecasas. Fernández perdió un pleito en la justicia europea de Élite Taxi contra Uber.

Fernández representó a Uber ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europa tras la demanda interpuesta por Élite Taxi Barcelona acusando a la app de competencia desleal.

La letrada argumentó ante la Gran Sala del Tribunal que “los servicios de Uber no pueden reducirse a un mero servicio de transporte y son un claro ejemplo del uso de plataformas digitales para desarrollar servicios innovadores, como la economía colaborativa, al conectar usuarios en la búsqueda de un beneficio común”.

Sus argumentos, sin embargo, no convencieron al Abogado General, que dictaminó en contra de la empresa tecnológica, estableciendo que la plataforma realiza una actividad de transporte.

Será ahora la CNMC la que tendrá que decidir si investigar o no las acusaciones, pero Fernández en su actual puesto, puede verse obligada a inhibirse en procedimientos que afecten a empresas a las que ha asesorado en el pasado.


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