El Supremo permite votar a los hijos de nacionalizados por la ley de nietos en las elecciones del 29 de noviembre
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto de los hijos de las personas que consiguieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos. La decisión permitirá que cerca de 190.000 personas puedan participar en las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.
La resolución judicial desestima las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europea, que pretendían ampliar a este colectivo la suspensión del derecho de sufragio que ya afecta a determinados ciudadanos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022.
El Supremo considera que una nueva suspensión llegaría demasiado tarde
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo justifican su decisión, principalmente, por el avanzado estado del calendario electoral. Según argumentan, la petición se ha presentado cuando ya ha transcurrido más de la mitad del periodo electoral y falta aproximadamente una semana para el inicio de la campaña.
Además, en el caso de los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el comienzo del voto en urna en los consulados está previsto para dos semanas después.
El tribunal considera que iniciar ahora una revisión del censo plantearía importantes dificultades para ejecutar los cambios antes de la votación. También advierte de que una modificación de estas características podría perjudicar la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral.
Casi 190.000 personas podrán votar
Los datos oficiales manejados por el Supremo sitúan en 189.678 el número de hijos afectados por la petición de suspensión. Se trata de un colectivo incluso más numeroso que el de los ciudadanos a quienes ya se les ha aplicado la medida cautelar.
En concreto, el tribunal mantiene suspendido el derecho a voto de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española mediante la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, con la excepción de quienes han acreditado su condición de descendientes de exiliados y quedan fuera de esa restricción.
La decisión de no extender la suspensión a los hijos no supone, por tanto, que el Supremo haya levantado las restricciones anteriores. Ambas situaciones continúan teniendo un tratamiento judicial diferente.
Dos magistrados expresan discrepancias en sus votos particulares
La resolución no ha contado con una posición completamente unánime. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero ha presentado un voto particular contrario a permitir que los hijos puedan votar, al considerar que debería mantenerse una línea coherente con las medidas cautelares adoptadas anteriormente.
Por otro lado, la magistrada Alicia Millán también ha expresado discrepancias en relación con los argumentos utilizados para mantener suspendido el voto de determinados ciudadanos nacionalizados.
Millán sostiene que la protección de la regularidad del censo electoral no debería justificar por sí sola la suspensión cautelar del derecho de sufragio de personas cuya nacionalidad ha sido reconocida mediante procedimientos administrativos que continúan siendo eficaces.
El Gobierno celebra el rechazo a la petición de Vox e Iustitia Europea
Desde el Ejecutivo han valorado positivamente la decisión del Tribunal Supremo, al entender que evita ampliar las restricciones sobre el derecho de voto a un nuevo colectivo de ciudadanos españoles.
Fuentes gubernamentales consideran que el pronunciamiento supone un freno a la estrategia de Vox e Iustitia Europea y han defendido que los derechos electorales deben garantizarse independientemente del origen de los ciudadanos.
Sin embargo, el Gobierno también ha mostrado su desacuerdo con que el alto tribunal mantenga la suspensión cautelar que afecta a parte de las personas nacionalizadas mediante la Ley de Memoria Democrática.
La controversia judicial continúa abierta y será necesario esperar a la resolución definitiva del procedimiento para conocer el alcance final de las restricciones relacionadas con la inscripción electoral de los beneficiarios de la llamada ley de nietos.
