Trabajo sanciona con 750.000 euros a Cabify a raíz de una denuncia de Taxi Project
La Inspección de Trabajo de Catalunya ha sancionado con un total de 735.000 euros a Cabify y tres de socios de la empresa de transportes, según ha adelantado esta mañana Barna Diario.
La ‘policía de trabajo’ dependiente del Departament de Treball ha considerado acreditado que el sistema de organización empresarial mediante el cual Cabify pone la aplicación, las sociedades Lopez Rubio y Proinvertia ponen los vehículos y la ETT JT Hiring aporta los conductores, no es ajustada a la ley y vulnera los derechos de 120 trabajadores.
El Departament de Treball ha dado a conocer este miércoles mediante un comunicado estas actuaciones de su ‘policía de trabajo’, que fueron iniciadas en febrero del 2020, poco antes de comenzar la pandemia.
La investigación que realizó Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya vino motivada a raíz de una denuncia presentada por la asociación Taxi Project 2.0 y la Intersindical Alternativa de Catalunya, presentada ante el Departament de Treball de Barcelona en diciembre de 2019 a través de Colectivo Ronda.
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20 diciembre de 2019
La propuesta de sanción levantada por los inspectores de Trabajo, y que las empresas afectadas podrán recurrir ante los tribunales, es de 431.275 euros para Cabify; unos 243.745 euros para cada una de las transportistas López Rubio y Proinvertia, y de 60.000 euros la de la ETT, JT Hiring.
La cesión ilegal de trabajadores ocurre cuando una compañía contrata a unos trabajadores, pero estos son dirigidos y trabajan directamente a las órdenes de otra sociedad. Una práctica que suele asociarse a unas peores condiciones de trabajo, por la vía de menos derechos a descanso, vacaciones, permisos, etc, con el fin de ahorrar costes a las empresas contratantes.
Y es que Cabify no opera su servicio de transporte por ella misma, sino que se ha dotado de un entramado de empresas para prestar este servicio.
Cabe recordar que Cabify está condenada en firme, -ya que no presentó recurso-, por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por ‘grupo patológico de empresas‘. Es decir, un entramado de empresas que mantienen una apariencia externa diferente y confunden sus medios de producción, pese a formalmente ser empresas no relacionadas.
Desde Timis Local News hemos contactado con el portavoz de la asociación Taxi Project 2.0, Tito Álvarez, el cual a celebrado la sanción a Cabify y sus socios.
«Desde diciembre de 2019 que presentamos la denuncia a transcurrido bastante tiempo pero después de un año, el trabajo ha dado sus frutos. Además, estamos preparando varias acciones más contra la empresa de transporte por evadir impuestos, algo que va ligado a la denuncia que hoy hemos conocido, ya que Cabify presuntamente usa otras empresas como estas que han multado, para no hacerse cargo de los impuestos correspondientes»
Cabify la explota en España la sociedad Maxi Mobility Spain y ésta a su vez contrata los servicios de otras compañías para materializar los transportes.
En el caso acreditado por Inspecció de Treball, los vehículos y sus respectivas autorizaciones de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) los ponen las sociedades Proinvertia y Lopez Rubio, ambas con domicilio social en Madrid. Y los conductores van a cargo de la empresa de trabajo temporal JT Hiring.
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