El TSJ de Extremadura da la razón a Glovo con sus repartidores autónomos pese a los antecedentes judiciales de la empresa
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha vuelto a situar a Glovo en el centro del debate sobre las condiciones laborales de los repartidores. Una reciente sentencia considera que los mensajeros acogidos al denominado modelo Flex trabajan como autónomos y no mantienen una relación laboral por cuenta ajena con la plataforma. Una decisión que merece un análisis detenido, especialmente teniendo en cuenta los numerosos antecedentes judiciales que han cuestionado el sistema de contratación de la compañía.
La resolución extremeña contrasta con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que en septiembre de 2020 determinó que los repartidores de Glovo eran trabajadores por cuenta ajena y que la plataforma no podía presentarse como una simple intermediaria entre establecimientos, clientes y mensajeros.
Una sentencia que vuelve a abrir el debate sobre los falsos autónomos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura ha estimado el recurso presentado por Glovo contra una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social relacionada con las altas de sus repartidores.
El tribunal considera que el nuevo sistema Flex introduce suficientes elementos de autonomía como para descartar, en este procedimiento concreto, la existencia de una relación laboral. Entre los argumentos utilizados figuran la posibilidad de rechazar pedidos sin penalizaciones, conectarse y desconectarse libremente de la aplicación, trabajar para otras plataformas y recurrir a sustitutos.
Sin embargo, aceptar estos argumentos como prueba definitiva de independencia económica plantea interrogantes. La libertad formal para conectarse a una aplicación o rechazar encargos no debería convertirse automáticamente en sinónimo de autonomía empresarial. La cuestión fundamental es determinar quién organiza realmente la actividad, quién controla las condiciones económicas y quién dispone del poder efectivo sobre el servicio.
El Tribunal Supremo ya estableció que los repartidores de Glovo eran trabajadores
La sentencia extremeña no puede analizarse sin recordar el pronunciamiento del Tribunal Supremo del 25 de septiembre de 2020. En aquella resolución, el alto tribunal estableció que la relación entre Glovo y sus repartidores tenía naturaleza laboral.
El Supremo consideró que la plataforma ejercía un papel determinante en la organización del trabajo, intervenía en la fijación de los precios y utilizaba su aplicación como herramienta esencial para controlar y gestionar la actividad.
La doctrina judicial dejó claro que no basta con presentar contractualmente a los repartidores como autónomos para que realmente lo sean. La naturaleza de una relación profesional debe determinarse atendiendo a las condiciones efectivas en las que se desarrolla el trabajo.
Es cierto que Glovo sostiene que su modelo Flex incorpora cambios sustanciales respecto al sistema anterior. Pero corresponde comprobar si esas modificaciones representan una autonomía real o si, por el contrario, mantienen elementos de dependencia económica y organizativa bajo una apariencia contractual diferente.
Barcelona mantiene bajo presión judicial al fundador de Glovo
Otro elemento que hace especialmente controvertida la resolución extremeña es la situación judicial de Óscar Pierre, fundador y máximo responsable de Glovo.
En septiembre de 2026, el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona acordó avanzar hacia la fase de acusación en una investigación por un posible delito contra los derechos de los trabajadores. La resolución judicial situó a Pierre a las puertas de un eventual juicio.
Entre los indicios recogidos por el magistrado figuran 18 resoluciones judiciales que reconocían la condición de trabajadores por cuenta ajena de los repartidores, incluida una sentencia del Tribunal Supremo. También se mencionan requerimientos de la Inspección de Trabajo posteriores a la entrada en vigor de la Ley Rider.
La investigación apunta a que Glovo habría mantenido determinadas prácticas de contratación pese a los pronunciamientos judiciales y administrativos que cuestionaban la utilización de falsos autónomos. El procedimiento, no obstante, no equivale a una condena penal y la responsabilidad del investigado deberá determinarse judicialmente.
El TSJ de Catalunya también ha respaldado la laboralidad de repartidores
La controversia tampoco se limita al Tribunal Supremo y a los procedimientos penales. En marzo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirmó la relación laboral de 191 repartidores de Glovo que habían trabajado en Girona entre 2019 y 2021.
En aquel procedimiento, la Sala consideró relevantes elementos como el sistema de puntuación de la plataforma, la asignación de pedidos, la geolocalización, la fijación de precios y el papel esencial de la aplicación en la organización del servicio.
Este pronunciamiento vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: las plataformas digitales no pueden eludir las obligaciones laborales simplemente modificando las condiciones contractuales o introduciendo nuevas denominaciones para sus modelos de reparto.
Una resolución que no es firme y que puede llegar al Tribunal Supremo
La sentencia del TSJ de Extremadura todavía no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Por tanto, el debate judicial sobre la naturaleza de la actividad de los repartidores de Glovo está lejos de haber terminado.
Además, no debe confundirse el análisis de un modelo concreto con una declaración general de legalidad de todas las prácticas de la compañía. Cada procedimiento debe examinar las condiciones reales de trabajo y las pruebas aportadas.
Lo que resulta especialmente preocupante es que una resolución favorable a Glovo pueda utilizarse para transmitir la idea de que el problema de los falsos autónomos en el reparto a domicilio está superado. Los antecedentes judiciales, las actuaciones de la Inspección de Trabajo y las investigaciones abiertas demuestran que la controversia sobre los derechos laborales de los repartidores sigue plenamente vigente.
La verdadera cuestión no es cómo denomina una empresa a sus repartidores, sino si estos disfrutan de una autonomía efectiva o si continúan trabajando bajo unas condiciones de dependencia que deberían estar protegidas por la legislación laboral.
