La Audiencia Nacional imputa a Zapatero en el caso Plus Ultra por presunto tráfico de influencias y organización criminal
El juez instructor ha citado a Zapatero para declarar el próximo 2 de junio y ha autorizado registros en su despacho profesional, así como en varias sedes mercantiles vinculadas a la investigación.
La causa analiza la concesión de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas por parte del Gobierno durante la crisis sanitaria. Según la investigación, estos fondos podrían haber estado vinculados a una supuesta red de comisiones ilegales y blanqueo de capitales, con origen en presuntas tramas financieras internacionales.
El juez apunta a la existencia de una posible estructura organizada destinada a obtener beneficios económicos a través de la intermediación en decisiones públicas.
Registros, documentos incautados y defensa del expresidente
Durante las actuaciones, agentes de la policía judicial han registrado el despacho del expresidente y otras oficinas mercantiles, incautando documentación relevante para la investigación.
Zapatero ha negado cualquier implicación en la concesión del rescate y ha asegurado que todas sus actividades profesionales han sido legales y debidamente declaradas. En un vídeo difundido tras conocerse la imputación, afirmó que ejercerá su derecho a la defensa con firmeza.
El auto judicial sostiene que el expresidente habría podido percibir ingresos a través de sociedades vinculadas a su entorno profesional, en el contexto de trabajos de asesoramiento. La investigación también analiza la posible conexión entre estas actividades y la aerolínea beneficiaria del rescate.
Los investigadores consideran que podrían haberse articulado mecanismos de intermediación para influir en la concesión de ayudas públicas durante la pandemia.
Reacciones políticas y choque institucional
La imputación ha generado una fuerte reacción política. Desde el PSOE, distintos dirigentes han mostrado su apoyo al expresidente y han apelado a la presunción de inocencia y al respeto a la justicia.
Por el contrario, partidos como Partido Popular y Vox han exigido explicaciones al Gobierno y han pedido responsabilidades políticas, mientras que otras formaciones han mostrado preocupación por el impacto institucional del caso.
La investigación continúa abierta en la jurisdicción de la Audiencia Nacional, que deberá determinar si existen indicios suficientes para sustentar las acusaciones. El caso se encuentra en fase de instrucción y aún no hay resolución judicial definitiva.
El proceso judicial marcará los próximos meses la evolución de uno de los casos políticos y judiciales más relevantes del panorama reciente en España.
