La Fiscalía italiana pide intervenir a Glovo por explotación laboral
La Fiscalía de Milán ha pedido la intervención judicial de Foodinho, la filial italiana de Glovo, por presunta explotación de sus trabajadores. El decreto, firmado por el fiscal Paolo Storari, debe ahora ser convalidado por un juez y afecta tanto a la empresa como a su administrador único de nacionalidad española.
Acusaciones de explotación laboral
El Ministerio Público acusa a Foodinho de “contratar mano de obra en condiciones de explotación”, aprovechándose de la situación de necesidad de los repartidores. La investigación señala que los salarios pagados a los empleados —unos 2.000 en Milán y cerca de 40.000 en toda Italia— eran hasta un 81,62 % inferiores a lo establecido en los convenios colectivos, sin garantizar una vida digna y libre, y en clara contradicción con los acuerdos sindicales nacionales.
Jornadas maratonianas y pagos mínimos
Según testimonios recopilados en un informe de más de 50 páginas, los repartidores, en su mayoría extranjeros, trabajaban hasta 12 horas diarias, cobrando solo 2,50 euros por entrega. También denunciaron la obligación de permanecer geolocalizados continuamente, con pausas muy limitadas. El fiscal denuncia que la compañía mantenía una política empresarial que desprecia el respeto a la legalidad.
Nombramiento de un administrador judicial
Las autoridades italianas procederán a designar un administrador judicial, encargado de supervisar la gestión de la empresa y reportar al juez sobre la situación real de la compañía.
Riesgos económicos para Delivery Hero
La matriz alemana de Glovo, Delivery Hero, ha duplicado sus provisiones en 2024 para afrontar posibles sanciones, que ascienden a 900 millones de euros, frente a los 466 millones de 2023. Se estima que el importe final de las multas podría superar los 1.340 millones de euros.
Antecedentes de sanciones europeas
Además de la investigación italiana, Glovo ya enfrentó multas por uso de falsos autónomos y fue sancionada por la Comisión Europea en junio con 329 millones de euros por formar un cártel de reparto de comida a domicilio, limitando la competencia y perjudicando a trabajadores y consumidores.
