La ‘Ley Riders’ recibe el visto bueno con el desmarque de la patronal catalana
Casi dos meses después de que la mesa del diálogo social diese luz verde a la denominada ‘Ley Riders’, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida como Ley Rider, por la que se obligará a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La norma salió adelante tras semanas de reuniones entre los agentes sociales, las patronales y el Ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz.
La decisión no fue unánime, contó con un voto en contra, el de Josep Sánchez-Llibre, presidente de Foment del Treball, que respaldó a las empresas.
En la última concentración de los taxistas en Barcelona, donde se reunieron unos 4.500 taxis, la marcha llegó hasta la sede de Fomet de Treball en la Vía Laietana de Barcelona, donde lanzaron billetes con la cara del presidente de la entidad Sánchez-Llibre, y donde se podía leer «Fomento del Trabajo precario».
La vicepresidenta de Foment del Treball, Mar Alarcón, también ha criticado que se regulase a través de una proposición de ley y no como tramitación ordinaria.
Cabe recordar que Mar Alarcón es la fundadora de la empresa de transportes Social Car, la cual en la actualidad tiene un contrato con Uber para realizar los servicios a través de sus vehículos.
En mayo de 2019 la Decana del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay, programó una mesa redonda con el título VTC/Taxis, a la que solamente invitó a los VTC, entre quien estaba Mar Alarcón.
La empresa de reparto Glovo que hasta ahora a trabajado al margen de la legalidad, confirmó este pasado mes de mayo su baja de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) como consecuencia de la aprobación de la ley.
Agrupadas bajo la denominación APS (Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda), Glovo está impulsando una patronal sectorial junto a Deliveroo, Uber Eats y Stuart.
Se da la circunstancia de que todas estas empresas han sido objeto de actas levantadas por la Inspección de Trabajo al detectarse la utilización de falsos autónomos.
La norma que ahora se aprueba sigue la estela de la sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2020 que consideraba que los ‘riders’ son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. El documento entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE
El acuerdo alcanzado en marzo también señala que el Estatuto de los Trabajadores recogerá que las empresas deberán informar de los parámetros e instrucciones en los que se basan los algoritmos que afectan a la toma de decisiones sobre las condiciones laborales.
Las empresas tienen ahora un plazo de tres meses, hasta el próximo mes de agosto, para convertir a los riders en trabajadores. Los datos sobre el número real de trabajadores de compañías como Glovo o Deliveroo son confusas. Mientras el Ministerio de Trabajo los cifra en unos 18.000, otras fuentes calculan 15.500.
