El Gobierno refuerza la independencia de la Fiscalía con una reforma del estatuto
El Consejo de Ministros aprobará este martes una modificación significativa del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objetivo de garantizar una mayor autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE) y desvincular su mandato del ciclo político del Ejecutivo. La reforma responde a reiteradas recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Europa.
Un mandato independiente y sin posibilidad de reelección
La nueva norma establece que el fiscal general del Estado tendrá un mandato de cinco años, sin posibilidad de reelección, salvo que haya ejercido el cargo menos de un año. Además, si el titular cesa antes de tiempo, su sucesor solo completará el tiempo restante, sin iniciar un nuevo mandato completo.
Para evitar ceses arbitrarios, el Gobierno solo podrá destituir al FGE en casos de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, y siempre tras contar con un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, quedará prohibido que el fiscal general asista al Consejo de Ministros, y toda comunicación entre ambas instituciones deberá realizarse por escrito y publicarse oficialmente.
Mayor autonomía en los nombramientos y disciplina interna
Uno de los aspectos clave del cambio es que se traspasan competencias al fiscal general en lo que respecta al nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los altos fiscales, que dejarán de depender del Gobierno.
Esta medida, según el Ejecutivo, fortalece la funcionalidad independiente del Ministerio Público, un paso esencial ante la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aún en proceso parlamentario, que prevé que los fiscales asuman la instrucción de los casos penales.
La Fiscalía dirigirá la Policía Judicial
Con la nueva ley, será el Ministerio Fiscal quien coordine la labor de la Policía Judicial en las investigaciones penales. El fiscal jefe podrá designar a los fiscales instructores y estos se regirán por el mismo régimen de abstención y recusación que jueces y magistrados, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Junta de Fiscales podrá contradecir al fiscal general
Otra novedad importante es el fortalecimiento del papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio al del FGE si logra una mayoría cualificada de tres quintas partes, consolidando así un sistema de control interno más equilibrado.
Medidas de transparencia y prevención de conflictos de interés
La reforma también introduce medidas orientadas a reforzar la transparencia. A partir de ahora, las asociaciones de fiscales no podrán recibir financiación privada ni procedente de gobiernos o instituciones extranjeras. Además, estarán obligadas a registrarse oficialmente en un nuevo organismo que dependerá de la Fiscalía General.
Por otro lado, los fiscales que deseen preparar a opositores deberán obtener autorización previa del FGE, y esta actividad quedará inscrita en un registro público, con el propósito de evitar conflictos de interés.
Una reforma histórica para un nuevo modelo de justicia
Desde el Gobierno se destaca que esta modificación de la Ley 50/1981, que regula el estatuto de la Fiscalía, constituye la reforma más profunda en casi 45 años. Su finalidad es reforzar la independencia del Ministerio Fiscal y adaptarlo al nuevo rol que se le asignará con la futura LECrim, que trasladará la investigación de las causas penales desde los jueces a los fiscales.
Diversos sectores del ámbito judicial, incluyendo a la propia Fiscalía, llevaban tiempo reclamando este impulso a la autonomía institucional del Ministerio Público, que ahora parece más cerca de materializarse.
