La exconsellera Pradas se desvincula de la gestión de emergencias durante la DANA
Una jornada clave en la investigación judicial sobre la gestión de la DANA se vivió con la declaración de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.
La exresponsable política aseguró desconocer los procedimientos relacionados con las emergencias y trasladó la responsabilidad a los técnicos del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), quienes, según sus palabras, «sumaban más de 100 años de experiencia en emergencias».
Emoción, desconocimiento y responsabilidad técnica
Durante su declaración, visiblemente emocionada, Pradas solo respondió a su abogada y admitió no tener formación ni experiencia previa en situaciones de emergencia. Afirmó que no tenía funciones de dirección y que todos los presentes en las reuniones eran expertos, excepto ella y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
En varias ocasiones se detuvo por el llanto y reiteró que su papel era meramente institucional, mientras que las decisiones eran tomadas por el equipo técnico. Mencionó específicamente a José Miguel Basset, exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, como responsable del Mando Avanzado.
Exculpación de Carlos Mazón y retraso en las alertas
En relación con el actual president Carlos Mazón, Pradas indicó que no se esperó su llegada para enviar la alerta a la población. Afirmó que la decisión del retraso recayó en los técnicos, ya que la competencia no correspondía directamente al jefe del Consell.
También explicó que mantuvo comunicación continua con Presidencia y con Mazón —quien llegó sobre las 20:00 horas—, aunque admitió que como representante de la Generalitat en el Cecopi, la responsabilidad institucional recaía en ella. Añadió que las llamadas al 112 no se compartieron en la reunión de coordinación.
Críticas a la Confederación Hidrográfica del Júcar
Durante casi tres horas de declaración, Pradas sostuvo una postura de defensa, recordando que apenas llevaba tres meses en el cargo y que era su primera experiencia frente a una crisis de este tipo. Relató que el día de los hechos se encontraba en Carlet junto a su alcaldesa, Laura Sáez, y presentó un listado de más de cien llamadas realizadas durante esa jornada.
En su línea argumental, Pradas y la Generalitat Valenciana han señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como uno de los principales responsables, asegurando que no emitió avisos sobre la crecida del barranco de Poio. Cargó contra su presidente, Miguel Polo, afirmando que mientras su equipo gestionaba la emergencia en Carlet, él participaba en unas jornadas universitarias. “Muy preocupado, no debía estar”, ironizó.
Defensa de la coordinación institucional
Finalmente, Pradas subrayó que los ayuntamientos cuentan con sus propios planes de emergencia ante riesgos de inundación y que la Generalitat actuó según lo establecido en el protocolo. En situaciones de nivel 2 de emergencia, explicó que existe una dirección compartida y colegiada entre ella y Pilar Bernabé, con el fin de garantizar una mejor coordinación.
También puntualizó que la Generalitat tiene un rol de intermediación entre el 112, los organismos integrados, la CHJ, la AEMET y los municipios implicados. “Quiero aclarar que no existe un cuerpo autonómico de Protección Civil”, concluyó.
