Ultraderecha y PP aprueban una ordenanza en Elche que criminaliza la pobreza y ataca a los más vulnerables
El Partido Popular y la ultraderecha de Vox han impulsado una nueva ordenanza en Elche que perjudica directamente a los inmigrantes y a quienes buscan subsistir recolectando chatarra en la vía pública. En lugar de fortalecer los servicios sociales y ofrecer soluciones reales a las personas en situación de vulnerabilidad, optan por una política de persecución y criminalización de quienes no cometen ningún delito.
Un ataque encubierto a los chatarreros
La normativa, que se aprobará inicialmente en el pleno de hoy, 31 de marzo y entrará en vigor el 1 de enero de 2026, introduce una disposición que prohíbe a los peatones transportar carros de supermercado por la vía pública. Este apartado no es casual: se dirige específicamente contra los chatarreros, mayoritariamente inmigrantes, que recolectan metales y otros materiales para vender y poder llevarse algo de comida a la boca.
Hipocresía y falta de humanidad
El pretexto del PP y Vox es que esta práctica genera «problemas». Sin embargo, en lugar de abordar la situación desde un enfoque social, deciden sancionar a estas personas con multas de 60 euros, una cantidad que para ellos puede significar el sustento de varios días. Es una decisión completamente inhumana que refleja la falta de empatía y la desconexión total de estos partidos con la realidad de los más desfavorecidos.
Perseguir a los pobres en lugar de ayudarles
El PP y Vox prefieren gastar recursos en multar a los que menos tienen en vez de invertir en políticas que faciliten la integración y el acceso a oportunidades dignas. Esta ordenanza no soluciona ningún problema real, sino que criminaliza la pobreza y empuja a los inmigrantes a una situación aún más precaria.
Es indignante que en lugar de ayudar a quienes luchan diariamente para sobrevivir, se les persiga con normativas injustas que sólo buscan invisibilizar la pobreza en lugar de erradicarla. Mientras tanto, los verdaderos responsables de la crisis social miran hacia otro lado, demostrando una vez más su absoluto desprecio por los más vulnerables.
Explotación laboral
Si bien las ciudades pagan a empresas privadas para que recolecten y separen los residuos, los chatarreros de la calle no reciben una compensación por su trabajo más allá de lo que reciben por la chatarra. El reciclaje de metal no forma parte del sistema formal de recolección de vidrio, papel y plástico.
Si se reconoce su servicio ambiental, deberían ser compensados. El problema es que los migrantes se encuentran en una situación sin salida debido a la ley de inmigración española: no pueden conseguir trabajo por estar en situación irregular, pero no pueden regularizar su situación sin un empleo.
