El Consejo de Ministros aprueba la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas
El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. Es el paso previo a su tramitación parlamentaria.
Aunque estaba previsto para la semana pasada, se pospuso por la atención al gran apagón. El texto, acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, se aprobó como anteproyecto hace dos meses tras recibir los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social.
Un camino parlamentario incierto
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que este será uno de los proyectos más difíciles de defender. Junts presentará una enmienda a la totalidad, mientras que el PP también rechaza la iniciativa, lo que complica la aprobación.
Rechazo de las patronales y tensiones internas
A pesar de ser una promesa del pacto entre Sumar y el PSOE, la patronal (CEOE) y otras organizaciones empresariales se oponen a la medida. Alegan que tendrá un impacto negativo en la economía y el empleo, sobre todo en pymes, y que debería tratarse en el marco de la negociación colectiva.
Además, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, defiende una aplicación más paulatina que vaya más allá de 2025, frente al plan de Díaz de completarlo antes del 31 de diciembre de 2025.
La CEOE ha calificado la propuesta de “oportunismo político” y desde Fomento del Trabajo, su presidente la ha tachado de “capricho electoral”.
Millones de trabajadores beneficiados
Según el Ministerio de Trabajo, unos 12 millones de trabajadores se beneficiarán de esta reducción de jornada laboral cuando entre en vigor.
Control horario y desconexión digital
La ley incluirá medidas para garantizar que se respete la jornada reducida:
- Refuerzo del control horario, que será digital e interoperable
- Supervisión en tiempo real por parte de la Inspección de Trabajo
- Control efectivo de horas extra no remuneradas
- Derecho a la desconexión digital durante los tiempos de descanso
Las empresas tendrán seis meses para adaptarse, y las que no lo hagan se enfrentarán a multas de hasta 10.000 euros por trabajador.
Perte para la industrialización de la vivienda
Además, el Consejo de Ministros aprobará también el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para industrializar la construcción de viviendas, una medida aplazada por el apagón.
Este plan busca:
- Construir entre 15.000 y 20.000 viviendas al año
- Reducir los tiempos de construcción entre un 20% y un 60%
- Ofrecer viviendas de mejor calidad y más asequibles
