Las residencias de Madrid vuelven al foco judicial: la macrocausa queda de nuevo en el aire
El caso de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia vuelve a entrar en una fase de incertidumbre judicial. La jueza María Isabel Durántez, titular de uno de los juzgados de Plaza de Castilla y responsable de decidir sobre la posible acumulación de las investigaciones, ha consultado al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid cómo debe proceder ante el complejo escenario generado por distintas resoluciones judiciales.
La situación se produce después de meses de discrepancias sobre la posibilidad de concentrar en una única investigación las diferentes causas relacionadas con las muertes de residentes durante la primera ola de la COVID-19.
La jueza que rechazaba la macrocausa pide ahora orientación
María Isabel Durántez se había mostrado hasta ahora contraria a reunir todas las investigaciones en un único procedimiento. Su argumento principal era que cada fallecimiento se produjo en circunstancias particulares y que, por tanto, los casos debían analizarse individualmente.
Sin embargo, el escenario judicial se ha complicado después de que distintas secciones de la Audiencia Provincial de Madrid hayan adoptado posiciones diferentes sobre la posible acumulación de los procedimientos.
Ante esta situación, la magistrada ha trasladado por escrito una consulta al presidente de la Audiencia Provincial, Juan Pablo González-Herrero, para conocer cómo debe actuar ante las discrepancias existentes.
La Audiencia de Madrid está dividida
El problema surge porque no existe una posición unánime entre las distintas secciones de la Audiencia Provincial. Dos de ellas se han pronunciado en contra de concentrar las investigaciones, mientras que otra ha respaldado la posibilidad de una investigación conjunta.
Esta división ha generado una situación poco habitual y ha dejado en una especie de limbo la posibilidad de establecer una macrocausa que permita analizar de manera global las decisiones adoptadas durante la pandemia.
La propia información judicial sobre el caso apunta a que tampoco está claro si el presidente de la Audiencia Provincial tiene capacidad para resolver directamente esta discrepancia o si finalmente será necesario recurrir a una instancia superior, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Las familias llevan años reclamando una investigación conjunta
Las familias de las personas fallecidas en las residencias madrileñas han reclamado durante años que las investigaciones no se tramiten como casos completamente independientes.
Su principal argumento es que detrás de las distintas muertes podría existir un elemento común relacionado con los llamados ‘protocolos de la vergüenza’, las instrucciones que durante la primera ola de la pandemia establecieron criterios para determinar qué residentes podían ser trasladados a los hospitales.
Las familias sostienen que la posible discriminación no fue un fenómeno aislado, sino que pudo afectar a un número elevado de personas mayores en circunstancias similares.
Una nueva jueza abre otra vía para la macrocausa
La controversia ha adquirido una nueva dimensión después de que una jueza de Navalcarnero haya defendido recientemente que la investigación no debería realizarse de manera fragmentada.
La magistrada considera necesario determinar si los protocolos de no derivación hospitalaria pudieron crear un marco discriminatorio que afectara a múltiples residentes, especialmente a personas con menor movilidad o un mayor grado de discapacidad.
Su planteamiento vuelve a colocar sobre la mesa la posibilidad de analizar conjuntamente las circunstancias que rodearon las muertes en diferentes centros de mayores.
Más de seis años después, las investigaciones continúan dispersas
La pandemia terminó dejando miles de fallecidos en las residencias madrileñas y, desde entonces, decenas de procedimientos judiciales han avanzado por separado.
La dispersión de las investigaciones ha sido precisamente uno de los principales motivos de crítica por parte de las asociaciones de familiares y de sus representantes legales, que consideran que puede dificultar el análisis de las decisiones políticas y administrativas que afectaron a los centros de mayores.
Algunas investigaciones han llevado además a la imputación de antiguos responsables vinculados al Gobierno de la Comunidad de Madrid por posibles delitos relacionados con la discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria.
Un debate judicial que vuelve a abrirse
La cuestión de fondo consiste ahora en determinar si las diferentes investigaciones deben continuar de manera independiente o si existen suficientes elementos comunes para justificar una investigación conjunta sobre los protocolos aplicados en las residencias madrileñas.
La decisión no es menor. Una macrocausa permitiría analizar de forma global la existencia de posibles criterios comunes en la toma de decisiones, mientras que mantener los procedimientos separados supondría continuar estudiando cada fallecimiento de manera individual.
Las familias esperan una respuesta
Mientras las distintas instancias judiciales intentan resolver el conflicto, las familias de las víctimas continúan reclamando que se esclarezca lo ocurrido durante los meses más duros de la pandemia.
La consulta planteada ahora por la jueza Durántez vuelve a poner el asunto en manos de la Justicia y podría determinar si las investigaciones sobre las residencias de Madrid avanzan finalmente hacia una causa común o permanecen divididas en numerosos procedimientos.
Por el momento, la respuesta de la Audiencia Provincial será determinante para saber cuál será el siguiente paso en uno de los procesos judiciales más controvertidos relacionados con la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid.
