La Fiscalía investiga a siete concejales por retrasar la anulación de la licencia de El Algarrobico
La polémica en torno al hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), vuelve a los tribunales. La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias para determinar si siete concejales incurrieron en un posible delito de prevaricación administrativa al aplazar la votación destinada a anular la licencia de obras del polémico complejo hotelero.
La investigación se centra en lo ocurrido durante el pleno municipal celebrado el pasado 17 de junio, cuando los ediles decidieron dejar sobre la mesa el expediente que debía abordar la nulidad de la licencia concedida en 2003 a la empresa Azata del Sol.
Una votación que quedó aplazada
La sesión municipal tenía como objetivo avanzar en la anulación definitiva de una licencia cuya situación jurídica lleva años generando enfrentamientos entre las administraciones, los tribunales y las organizaciones ecologistas.
Sin embargo, siete concejales votaron a favor de aplazar la decisión para solicitar nuevos informes relacionados con las posibles consecuencias económicas y jurídicas de la anulación.
Entre los ediles señalados se encuentran cinco concejales vinculados al PSOE y dos no adscritos. La asociación Salvemos Mojácar consideró que esta decisión suponía una forma de retrasar nuevamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales y presentó una denuncia ante la Fiscalía.
La Fiscalía reclama documentación al Ayuntamiento
Tras recibir la denuncia, la Fiscalía de Medio Ambiente ha iniciado diligencias preprocesales para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen indicios de responsabilidad penal.
Dentro de estas actuaciones, el Ministerio Público ha solicitado al Ayuntamiento de Carboneras el acta del pleno del 17 de junio, además de información sobre las razones que llevaron a suspender la votación y los informes jurídicos utilizados para justificar el aplazamiento.
El consistorio ya ha entregado la documentación requerida a la Fiscalía. El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, también ha puesto a disposición del Ministerio Público la información relacionada con el procedimiento.
El Algarrobico, un conflicto que dura más de dos décadas
El caso de El Algarrobico se remonta a 2003, cuando fue concedida la licencia para construir el hotel situado junto a la playa del mismo nombre.
Desde entonces, el inmueble se ha convertido en uno de los símbolos de la polémica urbanística y medioambiental en el litoral español. Diferentes resoluciones judiciales han determinado que los terrenos no podían tener la consideración de suelo urbanizable.
El procedimiento para acabar anulando la licencia se ha prolongado durante años, mientras organizaciones ecologistas han reclamado de forma reiterada el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la recuperación de la legalidad urbanística.
La nulidad de la licencia llegó finalmente en julio
A pesar del aplazamiento producido en junio, la situación cambió pocas semanas después. El pleno municipal celebrado el 7 de julio aprobó finalmente la nulidad de la licencia de obras.
La decisión se produjo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reclamara al Ayuntamiento que procediera a ejecutar la anulación y estableciera un plazo para hacerlo.
La votación permitió desbloquear el expediente, aunque varios de los concejales que habían participado en el anterior aplazamiento no estuvieron presentes en el momento de aprobarse definitivamente la nulidad.
Los ecologistas consideran que pudo existir una maniobra dilatoria
La asociación Salvemos Mojácar, que presentó la denuncia que ha dado origen a las diligencias fiscales, sostiene que los argumentos utilizados para retrasar la votación no justificaban la paralización del procedimiento.
El colectivo considera especialmente relevante que ya existieran pronunciamientos judiciales y documentación jurídica relacionada con la nulidad de la licencia.
Por ello, los ecologistas han celebrado que la Fiscalía haya decidido investigar los hechos y esperan que las diligencias permitan determinar si la actuación de los concejales pudo constituir algún tipo de responsabilidad penal.
El PSOE también reaccionó al aplazamiento
La decisión adoptada en el pleno de junio provocó además consecuencias políticas. La dirección provincial del PSOE abrió expedientes disciplinarios a los concejales socialistas implicados y comunicó su suspensión provisional.
El caso vuelve ahora a situar al Ayuntamiento de Carboneras en el centro de una controversia que se prolonga desde hace más de veinte años y que todavía está lejos de haber terminado.
La investigación no implica una condena
La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía tiene como objetivo determinar si existen indicios de un posible delito de prevaricación administrativa. Por tanto, la investigación no supone que los concejales hayan sido declarados culpables.
El Ministerio Público deberá analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento y las circunstancias que rodearon el pleno del 17 de junio antes de decidir si procede adoptar nuevas actuaciones.
Mientras tanto, la anulación de la licencia aprobada en julio supone un nuevo capítulo en el largo conflicto de El Algarrobico, aunque la demolición del hotel y la recuperación definitiva del terreno todavía pueden quedar condicionadas por nuevos recursos y procedimientos judiciales.
