La justicia británica frena al Gobierno y anula la catalogación terrorista de Palestine Action
La justicia británica ha declarado ilegal la decisión del Gobierno laborista de Keir Starmer de catalogar como organización terrorista al grupo Acción Palestina, una medida que había generado una fuerte controversia desde su entrada en vigor el pasado mes de junio.
Tres jueces del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales concluyeron que la medida suponía cruzar una línea peligrosa en materia de derechos y libertades civiles, al equiparar a la organización con grupos como Estado Islámico o Al Qaeda.
La prohibición provocó la detención de más de 2.700 personas que salieron a la calle para expresar su respaldo al colectivo.
La decisión no tendrá efecto inmediato
Aunque el fallo judicial declara ilegal la catalogación, el tribunal ha determinado que la sentencia no se aplicará de forma inmediata, con el objetivo de dar margen al Ejecutivo para presentar un recurso.
Pese a ello, la Policía Metropolitana de Londres ha anunciado que dejará de detener a quienes se manifiesten en apoyo del grupo. Por su parte, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, ya ha avanzado que recurrirá la resolución, calificándola de “decepcionante”.
“No alcanzaba el nivel necesario para ser terrorismo”
En su argumentación, los magistrados sostienen que equiparar a Acción Palestina con organizaciones terroristas internacionales fue una medida desproporcionada.
Reconocen que algunas acciones de sabotaje podrían encajar en la definición de terrorismo recogida en la Ley Antiterrorista de 2000, pero subrayan que en la mayoría de los casos habría sido suficiente aplicar otros tipos penales menos graves.
Según la sentencia, la naturaleza, dimensión y continuidad de las actividades del grupo no justificaban su prohibición total bajo la legislación antiterrorista.
La demanda de su cofundadora
El fallo responde al recurso presentado por Huda Ammori, cofundadora del movimiento, quien defendió que la prohibición suponía una restricción autoritaria del derecho a la protesta.
El Tribunal Superior admitió dos de los argumentos planteados por su equipo legal, entre ellos que la medida representaba una interferencia desproporcionada en la libertad de expresión y de reunión.
Ammori celebró el veredicto a las puertas del tribunal junto a centenares de simpatizantes y lo calificó como una “victoria monumental”.
Sabotajes y polémica política
La activista defendió que las acciones del grupo —dirigidas especialmente contra la empresa armamentística Elbit Systems— provocaron pérdidas millonarias y cancelaciones de contratos.
Recordó además que las tácticas empleadas por Acción Palestina son similares a las utilizadas históricamente por otros movimientos de acción directa, incluidos colectivos antibelicistas que en el pasado fueron defendidos en los tribunales por el actual primer ministro, Keir Starmer.
Desde el Ejecutivo se justificó la decisión alegando la gravedad de los sabotajes cometidos por el grupo.
Uno de los incidentes más notorios ocurrió en junio, cuando dos activistas accedieron a la base aérea de Brize Norton —la mayor del país— y dañaron dos aeronaves militares Voyager KC, tras superar las vallas de seguridad y rociar los motores con pintura roja.
Centenares de detenidos en protestas
En la primera manifestación celebrada ante el Parlamento británico tras la prohibición, más de 700 personas fueron arrestadas por expresar públicamente su apoyo al grupo, entre ellas varias de edad avanzada, algunas mayores de 70 años.
La sentencia abre ahora un nuevo escenario jurídico y político sobre los límites entre la protesta, el sabotaje y la legislación antiterrorista en el Reino Unido.
