Ciberataque en la cárcel de Figueres: acceso a datos personales de funcionarios y exigencias de transparencia
El ciberataque detectado en el Centro Penitenciario de Puig de les Basses, en Figueres, ha revelado un alcance mayor del inicialmente comunicado. Los internos implicados lograron acceder a datos personales de funcionarios, incluyendo nombre, DNI, correos electrónicos e incluso matrículas de vehículos privados.
Según fuentes sindicales, el incidente no se limita a un acceso puntual, sino que los autores habrían consultado y gestionado una gran cantidad de información almacenada en la red compartida del centro.
Un volumen masivo de documentos comprometidos
Las investigaciones apuntan a que los internos accedieron desde el mes de febrero a un total de 12 carpetas con aproximadamente 26.000 documentos, procedentes tanto del propio centro penitenciario como de otros departamentos administrativos.
Parte de esta información habría sido copiada en uno de los ordenadores accesibles para los presos, lo que incrementa la preocupación sobre el posible uso o difusión de estos datos. Aunque por el momento no hay confirmación de filtraciones externas, tampoco se puede descartar completamente esta posibilidad.
Investigación en curso y análisis técnico
El caso se encuentra bajo investigación judicial y permanece bajo secreto de actuaciones. La investigación está siendo desarrollada por la unidad de delitos informáticos de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, junto con la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
Este organismo está elaborando un informe técnico exhaustivo para determinar el alcance real del ataque y evaluar las vulnerabilidades explotadas. Debido a la complejidad del sistema y al volumen de datos analizados, el informe definitivo podría tardar varias semanas en completarse.
Tipología de los datos afectados
Entre los archivos a los que accedieron los internos se encuentran listados de trabajadores con datos identificativos, registros vinculados a sistemas de firma electrónica y contactos profesionales de personal penitenciario.
También se han identificado documentos con matrículas asociadas a números de identificación personal, así como teléfonos corporativos de responsables de centros y voluntarios. Aunque algunos de estos archivos tienen varios años de antigüedad, su acceso sigue siendo considerado un riesgo relevante en materia de protección de datos.
Medidas de seguridad y respuesta institucional
Desde la administración se ha señalado que ya se han implementado mejoras en la infraestructura digital para reforzar la seguridad del sistema y reducir la probabilidad de incidentes similares. Aun así, se reconoce que todavía no se conoce con exactitud el número de personas afectadas, dato que se esclarecerá conforme avance la investigación.
En caso de confirmarse afectaciones, se notificará a los trabajadores implicados conforme a la normativa vigente en protección de datos.
Exigencias sindicales y reclamaciones
Los sindicatos, encabezados por UGT, han solicitado al Departamento de Justicia una actuación basada en la máxima transparencia y la adopción de medidas preventivas para proteger a los empleados.
Entre las propuestas planteadas destaca la recuperación de sistemas de matrículas protegidas para vehículos de funcionarios, una medida que ya existía anteriormente. Además, se ha reclamado que se depuren responsabilidades, especialmente en relación con posibles fallos técnicos atribuibles a empresas proveedoras del sistema.
Origen del ataque y medidas internas
Según las primeras conclusiones, los tres internos responsables habrían explotado vulnerabilidades en los dispositivos utilizados para videollamadas dentro del centro penitenciario, accediendo así a la red interna.
Los implicados, que no estaban condenados por delitos informáticos, han sido trasladados a distintos centros como medida preventiva. El incidente salió a la luz tras activarse los sistemas de alerta y gracias a la información proporcionada por otro interno.
Este caso evidencia la importancia de reforzar los sistemas de seguridad en entornos sensibles como los centros penitenciarios. La magnitud del acceso y la naturaleza de los datos comprometidos subrayan la necesidad de protocolos más robustos y controles más estrictos en la gestión de la información.
