Oscar Pierre, fundador de Glovo, bajo la lupa judicial: una nueva citación clave en la investigación
La magistrada que lleva el caso del fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, ha llamado a declarar como testigos a una exdirectiva y a un abogado externo de la compañía. A solicitud de la Fiscalía, busca esclarecer la posible falta de regularización de los repartidores que operaban como falsos autónomos.
Citación de testigos en la investigación
De acuerdo con fuentes jurídicas, la jueza de Barcelona, que mantiene imputado a Pierre, ha programado la comparecencia de los testigos para el 19 de mayo. Se trata de la exdirectora asociada en materia laboral de Glovo y de un abogado externo, quienes respondieron a los requerimientos de la Inspección de Trabajo sobre la regularización de los repartidores, aunque estos, según los inspectores, fueron ignorados en su mayoría.
Ratificación de los inspectores de trabajo
Este miércoles, los responsables de la Inspección de Trabajo comparecieron ante la jueza para ratificar el informe que derivó en la imputación de Pierre. Tal como lo hicieron sus compañeras hace dos semanas, los inspectores confirmaron que Glovo no regularizó a los falsos autónomos, a pesar de las sentencias judiciales que obligaban a la empresa a contratarlos como empleados.
Según los inspectores, la compañía se resistió a regularizar la situación laboral de los riders, a pesar de los fallos judiciales en su contra.
Postura de la defensa de Pierre
La defensa del fundador de Glovo sostiene que la empresa jamás ha ignorado requerimientos ni resoluciones judiciales sobre su modelo de contratación. Argumentan que Glovo ha adaptado su sistema de autónomos para cumplir con la normativa vigente y que, por lo tanto, no se ha cometido ningún delito.
Declaración de Pierre y decisión judicial
Durante su declaración en diciembre, Pierre afirmó que la regularización de las condiciones laborales de los riders, anunciada en ese mismo mes, buscaba la paz social y evitar conflictos con la Inspección de Trabajo. Sin embargo, desligó esta decisión de su proceso penal.
La clave para que la jueza decida si envía el caso a juicio radica en la existencia de indicios suficientes de que Glovo mantuvo su modelo de falsos autónomos tras la sentencia del Tribunal Supremo en 2020, que lo declaró ilegal. La Fiscalía sostiene que Pierre vulneró los derechos de los repartidores.
Conflictos legales adicionales
Además del proceso penal contra su fundador, Glovo enfrenta múltiples litigios por su modelo laboral. La empresa Just Eat, que sí contrata a sus repartidores como empleados, reclama 295 millones de euros a Glovo por competencia desleal. Asimismo, las cotizaciones impagadas y multas impuestas por la Inspección de Trabajo ascienden a 200 millones de euros.
