Glovo intenta dar buena imagen un día antes de la vista penal de Oscar Pierre, comunicando que abandona la figura de los falsos autónomos
Oscar Pierre Miquel, fundador de Glovo e hijo de Oscar Pierre Prats, –de CIU y Miquel Alimentació Grup–, se enfrenta hasta a seis años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, por lo que un día antes de la vista, que tendrá lugar en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, la empresa de reparto ha anunciado su transición a un modelo 100% laboral en el que sus repartidores contarán con contratos formales. Cabe destacar que Glovo se ha estado saltando la ley durante cuatro años, además de haber tenido a los repartidores trabajando como falsos autónomos desde su fundación.
Este giro llega tras años de polémicas legales, incluyendo más de 400 millones de euros en sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y cotizaciones impagadas.
Nueva estrategia: modelo laboral completo
En un comunicado oficial, Glovo declara:
«La tecnológica española Glovo ha decidido impulsar un nuevo modelo en España que permitirá la operativa con repartidores laborales… Esta decisión reafirma nuestro compromiso con España y la economía digital».
Según la empresa, el cambio se aplicará en todas las ciudades donde opera, que supera las 900, y cubrirá todas las áreas de servicio de la aplicación. Según Glovo, este modelo mantendrá la experiencia de usuario y la relación con restaurantes y comercios sin afectar la calidad del servicio.
Presión de la ley Rider y el Código Penal
Desde 2021, con la entrada en vigor de la ley Rider, las empresas de reparto tienen la obligación de contratar a sus repartidores como asalariados en lugar de considerarlos autónomos. Sin embargo, Glovo desafió la normativa, acumulando multas millonarias y enfrentándose a la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció la relación laboral con sus trabajadores.
Ante la negativa de cumplir la legislación, el Gobierno optó por activar la vía penal. Según Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo:
“Ya no es solo un problema de sanciones económicas, sino también de sanciones penales”.
Desde enero de 2023, el Código Penal contempla penas de prisión de seis meses a seis años y multas para quienes impongan condiciones laborales ilegales mediante contrataciones ajenas al contrato de trabajo.
Acusaciones fiscales y cifras alarmantes
La Fiscalía General del Estado recibió en octubre de 2023 un informe detallado de la Inspección de Trabajo, que evidenció cientos de casos de repartidores que deberían ser asalariados pero eran tratados como autónomos. Según la Fiscalía de Barcelona, Oscar Pierre habría buscado “menoscabar y suprimir” los derechos de los trabajadores.
Hasta abril de 2023, Inspección había ordenado el alta de 40.889 falsos autónomos desde 2014. Actualmente, Glovo declara tener unos 12.000 repartidores activos, aunque expertos del sector sugieren que esta cifra es mayor debido a prácticas como el alquiler de cuentas a terceros, muchas veces inmigrantes sin permiso de trabajo.
Pérdidas de 2.300 millones y acumulación de 400 millones en multas
La propietaria de Glovo, Delivery Hero, ya rebajó el valor de la empresa en 508 millones ante la oleada de multas y querellas admitidas a trámite, reconociendo en los resultados del primer semestre que podría enfrentarse a multas y reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social en España por un importe de 400 millones de euros por la utilización como repartidores de falsos autónomos.
La multinacional registró pérdidas en 2023 por un importe de 2.305 millones, frente a los 2.975 millones de 2022. La Comisión Europea multó a la empresa con 400 millones de euros por prácticas anticompetitivas. Este mes de noviembre la justicia italiana multó a la empresa con 5 millones de euros
