Una auditoría destapa que la mayoría de los contratos del sector público valenciano se tramitaron sin procedimientos ordinarios
Una auditoría elaborada por la Intervención General de la Generalitat Valenciana ha puesto el foco sobre la gestión contractual realizada durante 2024 por el sector público instrumental autonómico. El informe concluye que una parte muy significativa de los contratos se formalizó mediante contratos menores o sin el expediente de contratación ordinario previsto por la normativa.
Casi 78.000 contratos bajo análisis
El documento examina un total de 77.800 contratos suscritos durante el ejercicio 2024 por organismos y entidades dependientes de la Generalitat. Según los datos recogidos en la auditoría, más del 91% de las adjudicaciones correspondieron a contratos menores o a prestaciones realizadas sin expediente de contratación.
En concreto, el informe cifra en 11.138 los contratos menores, con un importe global de 34,2 millones de euros, mientras que otras 60.328 prestaciones de bienes y servicios se realizaron sin expediente, alcanzando un valor conjunto de 157,7 millones de euros.
Advertencias sobre posibles irregularidades
La auditoría también señala que en varias entidades públicas se detectaron prácticas relacionadas con el uso reiterado de contratos menores para necesidades recurrentes o con el fraccionamiento de contratos, una actuación que la legislación limita cuando tiene como finalidad evitar procedimientos de contratación de mayor alcance y control.
Asimismo, los interventores advierten de la recepción de bienes y servicios sin el correspondiente expediente administrativo en distintas entidades del sector público autonómico, una circunstancia que consideran contraria a los principios generales que deben regir la contratación pública.
Un informe publicado meses después de su firma
El informe fue firmado por los responsables de la Intervención General en marzo de 2026, aunque su publicación en el portal de la Conselleria de Hacienda no se produjo hasta comienzos de junio. El contenido ha generado un nuevo debate político sobre los mecanismos de control y supervisión del gasto público en la Comunitat Valenciana.
La contratación pública vuelve al centro del debate
Las conclusiones de la auditoría han reavivado la discusión sobre la transparencia en la adjudicación de contratos y el uso de fórmulas excepcionales dentro de la administración autonómica. Los datos reflejan un elevado volumen de contratación realizada fuera de los procedimientos ordinarios, una cuestión que previsiblemente seguirá generando controversia en el ámbito político valenciano durante las próximas semanas.
