La jueza cita como imputado al consejero delegado de Glovo

La jueza cita como imputado al consejero delegado de Glovo por un delito contra los derechos de los trabajadores



Oscar Pierre, consejero delegado y cofundador de Glovo, ha sido citado para comparecer ante el juzgado número 31 de Barcelona el próximo 3 de diciembre, en relación con una presunta infracción contra los derechos de los trabajadores. Aunque su declaración estaba prevista inicialmente para septiembre, fue aplazada y ahora, la magistrada María Isabel Hernando ha acordado su nueva citación a solicitud de la Fiscalía, según han confirmado fuentes cercanas a la empresa.

Acusación de uso de falsos autónomos

El fiscal ha acusado a Pierre de mantener a los repartidores de Glovo bajo un esquema de falsos autónomos, a pesar de la entrada en vigor de la Ley Rider y de un fallo del Tribunal Supremo que prohibió esta práctica en 2020. Según el ministerio público, «es indiscutible» que los repartidores de la compañía son empleados por cuenta ajena, lo que ha llevado a solicitar la imputación del cofundador de Glovo. De ser declarado culpable, Pierre podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión.

Ley Rider y advertencias del gobierno

Tras la sentencia del Tribunal Supremo y la implementación de la Ley Rider en 2022, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió a las empresas tecnológicas, incluida Glovo, de que nadie quedaría exento del cumplimiento de la normativa. Díaz, quien también ocupa el cargo de vicepresidenta segunda, ha recordado en repetidas ocasiones que la última reforma del código penal establece penas para estas prácticas. A lo largo de los últimos años, Glovo ha recibido multas que superan los 200 millones de euros por este motivo.

Delivery Hero reconoce posibles sanciones

Delivery Hero, la matriz alemana de Glovo, ha admitido que podría enfrentar multas adicionales y reclamaciones por parte de Hacienda y la Seguridad Social en España, que se estiman entre 200 y 400 millones de euros. A pesar de estos desafíos legales, la empresa ha mantenido su disposición a defender su modelo de negocio en los tribunales, especialmente en lo que respecta al estatus laboral de sus repartidores. No obstante, ha reconocido que podría verse obligada a presentar avales bancarios hasta que se dicte una resolución judicial definitiva.

Querella contra Uber Eats

Glovo no es la única plataforma que enfrenta problemas legales. Las asociaciones de taxistas Élite Taxi y Taxi Project, junto con el grupo de repartidores RidersxDerechos, han interpuesto una querella contra Uber Eats. La denuncia, que ha sido admitida a trámite en la Audiencia Nacional, acusa a la empresa de varios delitos, entre ellos estafa, infracciones laborales y perjuicios contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, todo ello en el marco de lo que describen como una «posible organización criminal».

Acusaciones de subcontratación fraudulenta

La querella fue presentada ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional y no solo se dirige contra Uber Eats, sino también contra sus directivos. Los denunciantes aseguran que, tras la entrada en vigor de la Ley Rider, Uber Eats cambió su modelo operativo: de utilizar falsos autónomos pasó a la subcontratación temporal, tercerizando de manera fraudulenta la mayor parte de su actividad a diversas empresas.