La Fiscalía considera prescrito uno de los delitos atribuidos a David Sánchez

La Fiscalía ha solicitado retirar uno de los delitos atribuidos a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al considerar que el supuesto delito de aceptación de nombramiento ilegal ya habría prescrito.

La petición se ha producido durante la primera sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación de Sánchez en la Diputación pacense en 2017, un proceso judicial que también afecta al exdirigente socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo y a otros investigados.

La Fiscalía respalda parcialmente los argumentos de la defensa

La fiscal del caso, Begoña García Boró, sostuvo que el delito relacionado con la aceptación del cargo tiene la consideración de delito leve, castigado únicamente con multa, por lo que el plazo legal de prescripción sería de un año.

Por este motivo, el Ministerio Público considera que este cargo no debería seguir formando parte del procedimiento judicial.

Además, la Fiscalía también apoyó parcialmente otra de las alegaciones presentadas por la defensa de Miguel Ángel Gallardo, al entender que pudo producirse una vulneración del derecho de defensa en relación con algunas acusaciones incorporadas posteriormente al proceso.

La defensa denuncia una investigación “prospectiva”

Durante la vista, el abogado de David Sánchez solicitó la nulidad del juicio oral asegurando que la investigación judicial se habría desarrollado de forma irregular desde su origen.

La defensa argumentó que los delitos iniciales recogidos en la denuncia presentada en 2024 no coinciden con los que finalmente han llegado a juicio, denunciando así una supuesta “investigación prospectiva”.

También insistió en que el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal se encuentra “absolutamente prescrito”.

La Fiscalía defiende la imparcialidad de la jueza

Pese a respaldar parcialmente algunas peticiones de las defensas, la Fiscalía cerró filas con la magistrada instructora, Beatriz Biedma, rechazando cualquier sospecha sobre su actuación.

La fiscal aseguró que no existe ninguna duda sobre la “imparcialidad y objetividad” de la jueza encargada de instruir el caso, después de las críticas y cuestionamientos planteados por algunos abogados defensores.

Asimismo, defendió la legalidad de la investigación y de las pruebas obtenidas durante la instrucción, incluidos los correos electrónicos incorporados a la causa.

Un juicio con fuerte impacto político

El procedimiento judicial contra David Sánchez se ha convertido en uno de los casos con mayor repercusión política de los últimos meses debido a la vinculación familiar con el presidente del Gobierno.

Las acusaciones populares mantienen las peticiones de condena por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y nombramiento ilegal, mientras que la Fiscalía sigue defendiendo que no existen elementos sólidos para sostener parte de las acusaciones.

El juicio continuará durante las próximas semanas con la declaración de testigos y acusados.

Fuente: información elaborada a partir de datos publicados por Europa Press y otros medios nacionales.