Un juez ordena la busca y captura de Vito Quiles por un vídeo de 2024

Un juez ordena de nuevo la busca y captura de Vito Quiles para notificarle la apertura de juicio oral

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha ordenado una nueva busca, detención y presentación de Vito Quiles con el objetivo de notificarle la apertura de juicio oral en una causa relacionada con un vídeo difundido en redes sociales.

El procedimiento se refiere a unos hechos ocurridos en marzo de 2024, cuando el agitador entrevistó a una mujer con una discapacidad intelectual reconocida del 75 % durante una protesta frente a la sede del Partido Popular (PP), en la calle Génova de Madrid.

La resolución judicial establece que la detención tiene como finalidad comunicarle el auto de apertura de juicio oral, entregarle una copia del escrito de acusación de la Fiscalía y efectuar los requerimientos correspondientes. Una vez cumplidos estos trámites, deberá quedar en libertad si no existe otra causa legal que justifique su privación de libertad.

La Fiscalía pide dos años de prisión para Quiles por los hechos, que considera susceptibles de constituir un delito contra la integridad moral, según la información publicada.


Expediente sancionador a Vito Quiles por los altercados en Zaragoza

 

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El vídeo se grabó durante una protesta contra los protocolos de Ayuso

Los hechos investigados se remontan al 20 de marzo de 2024, cuando se celebró una concentración frente a la sede nacional del PP para protestar contra los denominados ‘protocolos de la vergüenza’ de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Durante la movilización, Quiles entrevistó a una mujer con una discapacidad intelectual del 75 %. Según la acusación, las preguntas formuladas durante la grabación tenían como finalidad humillarla.

El vídeo se difundió a través de EDATV, la cuenta de Quiles en la red social X y los canales de Javier Negre, presidente de la cadena.

Tras la publicación de las imágenes, el colectivo feminista Libres y Combativas, vinculado a Izquierda Revolucionaria y en el que milita la mujer, presentó una denuncia contra el agitador.

En su escrito, la Fiscalía encuadra los hechos en el ámbito de los delitos relacionados con la lesión de la dignidad de las personas, con referencia al artículo 510.2.a) y 510.3 del Código Penal. La calificación jurídica definitiva y la eventual responsabilidad penal deberán resolverse en el procedimiento judicial.

La Justicia ya había ordenado detener a Quiles en otra causa

Esta no es la primera vez que un juzgado acuerda una orden de busca, detención y presentación contra Vito Quiles. El pasado 2 de julio, la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid adoptó una medida similar después de que el agitador no acudiera a dos citaciones judiciales relacionadas con una querella por un presunto delito contra el honor.

Aquella causa se originó a raíz de una denuncia presentada a principios de 2026 por un funcionario del Ministerio de Hacienda, que aseguró haber sido víctima de una campaña de difamación en redes sociales y en programas en los que participa Quiles.

Según la querella, el agitador difundió afirmaciones que vinculaban al empleado público con un supuesto asesoramiento a la exministra de Hacienda María Jesús Montero y con un presunto paso por prisión del que habría salido gracias a una intervención política.

El denunciante sostiene que esas afirmaciones son falsas y que su trayectoria profesional en la Administración pública se ha desarrollado desde 1985 con normalidad, bajo gobiernos de distinto signo político. Su representación legal considera que las acusaciones se difundieron con conocimiento de su falsedad o con un desprecio temerario hacia la verdad.

Dos procedimientos judiciales distintos

Las dos órdenes judiciales mencionadas corresponden a procedimientos diferentes. La nueva resolución busca notificar a Quiles la apertura de juicio oral por los hechos relacionados con la mujer con discapacidad intelectual, mientras que la orden anterior estaba vinculada a una querella presentada por un funcionario de Hacienda.

En el primer caso, la Fiscalía solicita dos años de prisión por los hechos ocurridos durante la protesta de marzo de 2024. En el segundo, la investigación se centra en las afirmaciones que el funcionario considera difamatorias y en las citaciones judiciales a las que, según la información publicada, Quiles no acudió.

La nueva orden tiene como finalidad garantizar que reciba formalmente la documentación judicial y los requerimientos correspondientes para continuar con el procedimiento.