La Fiscalía solicita prisión provisional para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por riesgo de fuga
La Fiscalía Antidroga ha solicitado a la Audiencia Nacional el ingreso en prisión provisional de Joakim Peter Broberg, hijastro de la actual alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, perteneciente al PP, al considerar que existe un riesgo evidente de fuga tras la condena impuesta por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Una petición tras la condena a nueve años de prisión
La solicitud del Ministerio Público llega después de que Broberg fuera condenado a nueve años de cárcel por su implicación en una red dedicada al tráfico internacional de hachís y marihuana, así como por actividades de blanqueo de capitales. Aunque la sentencia aún no es firme y puede ser recurrida, la Fiscalía entiende que la elevada pena aumenta las posibilidades de que el condenado intente eludir la acción de la Justicia.
La defensa se opone al ingreso en prisión
La defensa del condenado rechaza la petición al considerar que la medida resulta desproporcionada. Sus abogados recuerdan que durante todo el procedimiento Broberg ha cumplido con las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional, entre ellas la entrega del pasaporte, la prohibición de salir de España, el depósito de una fianza de 50.000 euros y las comparecencias periódicas ante el juzgado.
Asimismo, sostienen que siempre ha permanecido localizado y colaborando con la Justicia, por lo que niegan que existan motivos objetivos para justificar su ingreso en prisión antes de que la sentencia sea firme.
Una operación con numerosos condenados
La investigación judicial afecta a 24 acusados, de los cuales 21 han sido condenados por diferentes delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Según la sentencia, Broberg desempeñó un papel relevante en una organización dedicada al envío de importantes cantidades de droga desde España hacia distintos países del norte de Europa.
Además de la pena de prisión, la resolución impone una multa de 4,9 millones de euros. No obstante, fue absuelto del delito de pertenencia a organización criminal al no quedar acreditada una integración permanente dentro de la estructura del grupo.
La Audiencia Nacional tendrá la última palabra
La decisión sobre el ingreso en prisión provisional corresponde ahora a la Audiencia Nacional, que deberá valorar los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa antes de resolver si mantiene la libertad provisional del condenado mientras la sentencia continúa su tramitación mediante los recursos correspondientes.
