El TS abre causa contra el fiscal general por el comunicado sobre la pareja de Ayuso

El Supremo abre una investigación contra el fiscal general del Estado por el comunicado sobre la pareja de Ayuso

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa para investigar si Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, para ver si incurrió en un delito de revelación de secretos cuando la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado sobre la investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La decisión de la Sala de lo Penal del Supremo, tomada por unanimidad, responde a las solicitudes tanto del propio González Amador como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quienes sostienen que el comunicado contenía información privada que no debía ser divulgada.

En el escrito, la Fiscalía afirmaba que fue González Amador quien ofreció un acuerdo a la Fiscalía y admitió el fraude a Hacienda, en lugar de lo que inicialmente se había insinuado. También se investigará a Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de Madrid, por su posible implicación en la redacción de dicho comunicado. Según fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado, García Ortiz no planea dimitir, incluso ahora que ha sido formalmente investigado, pues no consideran que se haya cometido delito alguno.

El punto clave del tribunal

El Tribunal Supremo ha señalado que la cuestión central del caso es determinar si los hechos denunciados pueden considerarse un delito de revelación de secretos. Esto se refiere a si una autoridad o funcionario público compartió información a la que tuvo acceso por su cargo, pero que legalmente no debía divulgar.

La querella fue presentada en abril por González Amador contra Pilar Rodríguez Fernández y Julián Salto Torres, fiscal de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid. En junio, García Ortiz asumió la responsabilidad del comunicado. Anteriormente, en mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había admitido la querella, subrayando la necesidad de investigar los hechos para determinar si el Ministerio Fiscal había excedido los límites de su derecho a la información.

El ministerio fiscal y su imparcialidad

Hace tan solo un mes, durante su intervención en la Apertura del Año Judicial, Álvaro García Ortiz reafirmó que el Ministerio Fiscal actúa siempre de manera imparcial y bajo el mandato de la ley. En su discurso, dejó claro que el organismo actúa «con profesionalidad, responsabilidad, lealtad y un escrupuloso respeto a la Constitución y a las leyes». Subrayó que la institución se rige exclusivamente por el imperio de la ley y la voluntad popular, enfatizando que no existe justicia ni democracia fuera de estos principios.


La Ley Ómnibus de Ayuso se carga el Decreto Ábalos

Ayuso y el síndrome de Tourette

 


La fiscalía se opone a la investigación del supremo

Una semana antes de que se tomara la decisión del Supremo, la Fiscalía de este tribunal presentó un informe en contra de la apertura de la causa contra García Ortiz. El documento, de 45 páginas, fue elaborado por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y sostenía que la información que supuestamente fue revelada en el comunicado ya circulaba entre medios de comunicación antes de que la Fiscalía la divulgara oficialmente.

Sánchez Conde argumentó que las «falsedades» emitidas por el entorno de Ayuso hicieron necesario que la Fiscalía emitiera una nota de prensa para ofrecer una versión veraz y cronológicamente precisa de los hechos, en respuesta a las informaciones publicadas por varios medios y por el jefe de gabinete de Ayuso.

Desinformación y defensa del ministerio fiscal

Según María Ángeles Sánchez Conde, la publicación del comunicado fue una respuesta a la desinformación generada en torno al caso. Argumentó que el Ministerio Fiscal tenía el deber de defender su imparcialidad y profesionalidad ante las «falsedades» y las informaciones incorrectas que, en su opinión, confundían a la opinión pública y desacreditaban a la institución. La fiscal insistió en que las noticias falsas causaron un revuelo mediático que comprometía tanto la imagen de los fiscales involucrados como la del Ministerio Fiscal en su conjunto.