Reunión clave de la cúpula fiscal, dividida por la aplicación de la ley de amnistía
La junta de fiscales de sala, cúpula de la carrera fiscal, se reúne desde las 9.30 horas con las discrepancias en la aplicación de la amnistía sobre la mesa.
El ministerio público se rige por el principio de jerarquía, y la postura que saldrá adelante es la del fiscal general del estado. Y ese criterio es el que se trasladará al Tribunal Supremo, aunque los jueces Manuel Marchena y Pablo Llarena no están obligados a respetarlo.
¿Cuáles son las posturas enfrentadas?
Los cuatro fiscales del proceso, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, consideran que la amnistía no se puede aplicar al delito de malversación y, por tanto, tampoco se pueden levantar las medidas cautelares, es decir, las órdenes de detención.
Estos cuatro fiscales consideran que no se puede amnistiar la malversación porque, dicen, hubo enriquecimiento y porque afecta a los intereses financieros de la Unión Europea.
Cadena, Madrigal, Moreno y Zaragoza han hecho llegar su postura a su superior de forma reiterada. Cuando aún no habían recibido el encargo de realizar un informe, ya le hicieron llegar a Álvaro García Ortiz un documento de más de un centenar de páginas en las que no se ahorraron las opiniones políticas.
El pasado viernes, el fiscal general ordenó a los fiscales que redactaran un informe en la línea de defender que la malversación debe amnistiarse y que deben levantarse las medidas cautelares. Se negaron y, por eso, se convocó la junta de fiscales de sala de este martes.
¿Qué es la junta de fiscales de sala?
La junta de fiscales de sala reúne a la cúpula de la carrera del ministerio público. Tiene la función de asistir al fiscal general en materia doctrinal y técnica y en la formación de criterios unitarios de interpretación y actuación legal.
Actualmente lo forman 38 miembros. La convocatoria de la junta de fiscales en caso de discrepancia se ha realizado de acuerdo con el artículo 27 del estatuto del ministerio fiscal. Establece que si un fiscal recibe una orden que considera contraria a la ley o improcedente debe hacerlo saber, en un informe, a su superior.
«Si la orden fuera dada por el fiscal general del Estado, éste resolverá escuchando a la Junta de Fiscales de Sala. Si el superior se ratificara en sus instrucciones lo hará por escrito razonando o bien un relevo de las responsabilidades que se pudiera derivar de su cumplimiento, o bien encargaría a otro fiscal que despache el asunto al que se refiere.»
La reunión de hoy servirá para saber qué soporte tiene cada postura entre los fiscales de sala. Algunas fuentes apuntan a que podría haber una ligera mayoría favorable al criterio del fiscal general, y que así lo indican los resultados que se han producido en las últimas reuniones de la junta.
Pero habrá que verlo, y es evidente que un empate o una votación muy ajustada no dejará en buen lugar al fiscal general, porque cuestionará su fortaleza.
Lo que no va a cambiar en ningún caso es la postura final que la Fiscalía llevará al Tribunal Supremo. El criterio será el marcado por el fiscal general, es decir, defender que se amnistíe la malversación y se levanten las cautelares.
Los cuatro fiscales del proceso quedarán liberados de redactar ese informe contrario a su planteamiento, y el escrito será encomendado a otro fiscal, que podría ser la número dos de la fiscalía, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde.
