Podemos propone que los grandes tenedores aporten el 30% de sus viviendas a alquiler social

Podemos propone que los grandes tenedores aporten el 30% de sus viviendas a alquiler social

La Vicepresidencia de Derechos Sociales propone, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social, una medida que ayudará a poner fin a la emergencia habitacional en España al aumentar en pocos meses el parque público entre 140.000 y 150.000 viviendas.

Así lo ha indicado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, durante su comparecencia en la comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Belarra ha argumentado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible implican también proteger el derecho a la vivienda, como recoge el artículo 47 de la Constitución, y para ello se necesita elaborar una ley estatal que «ataje de una vez por todas la desprotección que vive el conjunto de la ciudadanía frente a un sector inmobiliario que genera cada año pingües beneficios».

«Necesitamos una Ley de Vivienda que corresponsabilice al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que tiene que tener necesariamente la vivienda. Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social».

De este modo, y no tanto apostando de nuevo por la construcción, como se va a lograr ampliar sustancialmente el parque público de vivienda en alquiler.

«Si, por ejemplo, los grandes propietarios de inmuebles en España destinaran el 30% de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses las viviendas disponibles en 140.000 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin de esta manera a la emergencia habitacional que vive nuestro país».

La secretaria de Estado también ha reivindicado la creación de un «escudo social sin precedentes» ante la pandemia del Covid-19, con medidas prorrogadas hasta final del estado de alarma y que ejemplifica el cambio de rumbo frente a los recortes derivados de la crisis de 2008 con hechos y con políticas.

Entre ellas, ha destacado la suspensión de prácticamente todos los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de cortes de los suministros básicos a personas vulnerables o la ampliación de las moratorias hipotecarias.

Al mismo tiempo este Gobierno ha prorrogado hasta el mes de mayo los ERTE, que han llegado a sostener a casi 3,5 millones de trabajadores y a 500.000 empresas, y que se ha erigido como el mecanismo impulsado por el Ministerio de Trabajo como la protección más amplia y ambiciosa jamás desplegada en España.

Urge a la reforma del mercado eléctrico

Belarra también ha instado a trabajar sin más demora en la reforma del sector eléctrico, medida recogida en el acuerdo de coalición y que se revela como enormemente urgente.

Para la secretaria de Estado, la reforma del mercado energético es necesaria, como se ha demostrado en las últimas semanas, para poder garantizar el acceso a una energía asequible y no contaminante.

En enero, Unidas Podemos reclamó al PSOE que impulsara los cambios comprometidos ante los últimos aumentos de la factura eléctrica, sobre todo en lo relativo a la sobrerretribución, conocido como ‘beneficios caídos del cielo’, que genera cuantiosas ganancias al grupo de empresas que componen, a su juicio, el oligopolio eléctrico.

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