Después de cinco años del inicio del proceso, comienza el macro juicio a Glovo
Tras cinco años de espera, este jueves arranca el macro juicio contra Glovo que afecta a más de 3.200 repartidores dados de alta como falsos autónomos. Inspección de Trabajo denunció a la empresa de reparto en 2018.
Glovo se enfrenta a un proceso de oficio en el que se exige establecer cuál es la relación entre la plataforma de repartidores y los trabajadores y que tiene a miles de personas en «un limbo judicial» desde hace cinco años.
El juicio estaba previsto que se celebrase en noviembre de 2022, pero el Juzgado de lo Social Número 32 de Madrid decidió aplazar la vista un año por falta de documentación a petición de Glovo. Desde UGT, cuyo abogado ha sido nombrado como portavoz de la defensa de la mayor partes de los afectados, denuncian la dilatación del proceso judicial, que consideran un abuso hacia los repartidores.
«Es una vergüenza tener a miles de trabajadores durante cinco años esperando a un juicio sobre un asunto que ya está resuelto por el Tribunal Supremo. Simplemente, es tener a la gente bailando con problemas legales que afectan a sus vidas», critica Fernando García Pallás, coordinador de plataformas digitales de UGT.
El representante sindical explica que el proceso afecta a miles de personas, muchos de ellos extranjeros que incluso ya no viven en España, que no saben cuál es el siguiente paso a dar. Mientras la Justicia valora el caso hay trabajadores que siguen pagando la cuota de autónomos.
Sentencias en el Supremo y Constitucional
El Tribunal Supremo ya se pronunció sobre este asunto, cuando en 2020 declaró la existencia de la relación laboral entre Glovo y un repartidor. El varapalo del Alto Tribunal a la empresa española, propiedad de la alemana Delivery Hero, abre la puerta a que miles de afectados, que trabajaron para plataformas de reparto antes de la entrada en vigor de la ley ‘rider’, sean considerados falsos autónomos.
Con la sentencia del Supremo en la mano, UGT critica que este proceso judicial lleve tantos años en la fase de instrucción: «esto debería ser un mero trámite, porque ya existe jurisprudencia al respecto». García Pallás considera «prácticamente ganado este juicio» y que, por ello, Glovo intenta dilatarlo el máximo posible.
Además, en octubre de este mismo año, el Tribunal Constitucional avaló la Ley Riders tras rechazar el recurso del Partido Popular ratificando el decreto ley que regula a los repartidores de plataformas digitales.
Este proceso de oficio que se inició en 2018 no es el único, ya que hasta el 12 de agosto de 2021 (fecha en la que entró en vigor la Ley Rider que regula la normativa de trabajo de los repartidores), existen otros dos calendarios fiscales que Inspección de Trabajo debe estudiar.
En septiembre de este año el Observatorio de Trabajo, Algorítmico y Sociedad (TAS), en colaboración con la plataforma sindical Riders X Derechos y Taxi Project 2.0, presentaron una querella criminal contra la empresa por presuntos delitos contra la hacienda pública y contra la Seguridad Social, delitos de estafa, y delitos contra los derechos de los trabajadores.
También en el mes de octubre, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, anunció otra investigación contra Glovo por vulneración del derecho a la intimidad de sus trabajadores.
Más de 200 millones en sanciones a Glovo
Tras la entrada en vigor de la Ley ‘rider’, Inspección de Trabajo multó a Glovo con 79 millones de euros y le obligó a regularizar a 10.600 trabajadores en Barcelona y Valencia. Al inicio de este año, Trabajo volvió a imponer una sanción millonaria a la empresa por valor de 56 millones de euros, esta vez no solo por el uso de falsos autónomos, sino por emplear a inmigrantes sin el permiso de trabajo.
En total, la plataforma acumula ya más de 200 millones de euros en sanciones. Ahora, la empresa española se enfrenta al mayor juicio celebrado en su contra, un proceso de oficio que se inició en 2018 a raíz de inspecciones llevadas a cabo tras varias denuncias en Barcelona, Valencia y Madrid.
