La Seguridad Social exige 410.587 euros a Glovo en un macrojuicio por los Riders de Gipuzkoa
La Tesorería General de la Seguridad Social de Gipuzkoa ha emprendido una acción judicial contra Glovo, exigiendo el pago de 410.587 euros en concepto de cotizaciones impagadas por 168 repartidores. El organismo sostiene que estos Riders no eran autónomos, como los consideraba la empresa, sino trabajadores asalariados, por lo que Glovo debería haber asumido sus cuotas de Seguridad Social.
Contexto de la reclamación
El periodo en disputa abarca desde octubre de 2018 hasta diciembre de 2020, antes de la entrada en vigor de la conocida Ley Rider el 12 de agosto de 2021. Esta normativa fue diseñada específicamente para regular la situación laboral de los repartidores de plataformas digitales, estableciendo la presunción de laboralidad entre las empresas y los trabajadores que prestan estos servicios. Sin embargo, el caso de Gipuzkoa surge de actuaciones anteriores, cuando la legislación no era tan clara y las plataformas operaban en un marco legal ambiguo.
El argumento de la Seguridad Social
La Seguridad Social considera que la relación entre Glovo y los repartidores durante ese tiempo no cumplía con las características de un vínculo autónomo. Según el criterio del organismo:
- Los ‘riders’ dependían económicamente de Glovo.
- Seguían sus instrucciones.
- Usaban herramientas tecnológicas de la empresa.
- No tenían autonomía real para organizar su trabajo, elementos típicos de una relación laboral asalariada.
Impacto y antecedentes
Este macrojuicio es uno de los muchos enfrentamientos legales entre plataformas digitales como Glovo y las autoridades laborales. Varias sentencias anteriores en España han concluido que los repartidores de estas plataformas no son autónomos, imponiendo multas millonarias y obligando a regularizar la situación de miles de trabajadores.
El caso de Gipuzkoa se suma a un panorama complejo para Glovo, que ya ha recibido sanciones de hasta 79 millones de euros en otras comunidades por vulnerar la Ley Rider. Además, hasta el momento las multas podrían alcanzar los 400 millones de euros, al margen de la denuncia penal contra Óscar Pierre que puede acarrear hasta seis años de prisión.
Posibles consecuencias
Si el juicio en Gipuzkoa concluye a favor de la Seguridad Social, podría:
- Reforzar la postura de las autoridades en su lucha contra la precariedad laboral en plataformas digitales.
- Servir como advertencia a otras empresas para ajustar su modelo de contratación y evitar futuras sanciones.
Por otro lado, el caso reabre el debate sobre cómo regular el empleo en la economía digital, donde las fronteras entre trabajo autónomo y asalariado son cada vez más difusas. Mientras tanto, los Riders afectados podrían recibir:
- Mejoras retroactivas en sus derechos laborales.
- Acceso a prestaciones sociales, marcando un precedente para otros repartidores en situaciones similares.
Esta situación pone de relieve la transformación del mercado laboral y los desafíos regulatorios en un contexto donde la tecnología y las plataformas digitales están cambiando las reglas del juego.
