La jueza del caso del novio de Ayuso abre una pieza separada para investigar su relación con Quirón
La jueza que investiga al empresario Alberto González Amador ha decidido abrir una pieza separada para indagar sobre posibles delitos relacionados con la relación entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el Grupo Quirón, un conglomerado destacado en el ámbito de la sanidad privada que ha recibido adjudicaciones millonarias por parte de la Comunidad de Madrid.
Estimación del recurso
En el auto emitido, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha estimado parcialmente un recurso interpuesto por las formaciones políticas PSOE y Más Madrid, que actúan como acusación popular. Estas fuerzas políticas habían solicitado que la investigación se ampliara para incluir no solo los delitos de doble fraude fiscal y falsificación de documentos previamente considerados, sino también otros cinco nuevos delitos relacionados con la operación de González Amador y su entorno.
Antecedentes del caso
Los antecedentes del caso se remontan a finales de 2020, cuando la empresa principal de González Amador, Maxwell Cremona, adquirió una compañía que operaba bajo el nombre de Círculo Belleza SL, especializada en la venta de productos cosméticos. Tras la compra, la firma cambió su denominación a Masterman & Whitaker y, de forma sorprendente, meses después, logró establecer una colaboración con Quirón Prevención, centrada en la expansión de servicios en Latinoamérica y en el desarrollo de la Joint Commission International.
Movimientos societarios sospechosos
Sin embargo, el escándalo comenzó a intensificarse en diciembre de 2021, cuando emergieron indicios de un nuevo movimiento empresarial que aparentemente pretendía facilitar beneficios fiscales indebidos. Según los informes de Hacienda y la Fiscalía, la empresa «pantalla» de González Amador y su empresa principal firmaron un contrato para ceder parcialmente los servicios de asesoría a Quirón. Al día siguiente, la empresa principal traspasó todas las participaciones de la empresa «pantalla» a González Amador, quien pasó a ser el socio único y administrador de ambas sociedades, permitiéndole acceder libremente a los fondos.
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Simulación de servicios prestados
Las autoridades sospechan que González Amador, en realidad, estuvo operando directamente para Quirón, llevando a cabo una «simulación relativa» de los servicios prestados mediante la manipulación de sus empresas. A nivel fiscal, esta maniobra no generaba efectos prácticos inmediatos, dado que ambas sociedades tributaban de la misma manera. Sin embargo, la Agencia Tributaria considera que el objetivo era crear gastos ficticios en la sociedad pantalla, con el fin de generar bases imponibles negativas que podrían compensarse en el futuro.
Facturas falsas y fraude
La trama se complica aún más con la aparición de facturas falsas. Masterman, la empresa «pantalla», emitió una factura de 600.000 euros a Maxwell por sus servicios, a pesar de que solo había recibido 327.000 euros de Quirón hasta ese momento. Esta situación generaría artificialmente bases imponibles negativas en Masterman para ejercicios futuros, lo que llevó a la Administración a calificarla como una maniobra fraudulenta.
Solicitudes de ampliación de la investigación
La acusación popular había presentado, el 24 de junio, una solicitud para ampliar la investigación, justo el día en que González Amador intentaba llegar a un acuerdo de conformidad para reconocer los delitos fiscales y la falsificación de documentos. A pesar de que la jueza inicialmente rechazó la ampliación, el recurso de PSOE y Más Madrid condujo a la decisión actual de abrir una pieza separada. Además de la corrupción en los negocios, la acusación popular ha señalado posibles delitos de administración desleal en la operativa expuesta.
La figura clave: Fernando Camino
Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, se ha convertido en una figura clave en esta investigación. Se le atribuye un papel significativo en la carrera de González Amador y su nombre ha salido a relucir en diversas operaciones empresariales, incluidas aquellas relacionadas con la compra de mascarillas durante la pandemia, que reportaron beneficios millonarios a la pareja de Ayuso, los cuales no fueron declarados ante Hacienda.
Peticiones adicionales de la acusación
La solicitud de la acusación popular también incluye la petición de obtener correos electrónicos entre González Amador y Quirón Prevención, así como la declaración de Camino. Se busca esclarecer la magnitud de las operaciones y vínculos entre las partes. A medida que avanza la investigación, la jueza decidirá sobre las diligencias a seguir, incluida una posible investigación patrimonial de González Amador y otros implicados, en medio de un contexto que apunta a irregularidades significativas en la gestión de fondos y contratos.