Requerimiento judicial a la policía autonómica

El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona busca reactivar el avance del denominado ‘caso Montoro’. Su titular, el magistrado Rubén Rus, ha dictado una providencia para requerir a la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra un informe detallado sobre las diligencias practicadas a raíz de los últimos mandamientos judiciales enviados desde principios de año. Paralelamente, el instructor ha acordado la prórroga de la investigación judicial por seis meses adicionales.

El procedimiento judicial indaga una supuesta trama articulada alrededor del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, a quien se atribuye el presunto uso de su capacidad normativa para promover modificaciones legislativas a cambio de contraprestaciones económicas. La causa cuenta con cerca de treinta personas investigadas por la presunta comisión de delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, corrupción y fraude a la administración pública.

El rol del despacho Equipo Económico

Las investigaciones ubican el centro de la actividad en la firma de consultoría cofundada por el exministro —denominada originalmente Equipo Económico (EE) y rebautizada posteriormente como Global Afteli—. Según el auto judicial que levantó el secreto de sumario en verano de 2025 tras dos años de indagaciones, este bufete habría actuado como intermediario entre grandes corporaciones privadas y el poder legislativo.

Entre los altos cargos del Ministerio de Hacienda imputados en el procedimiento figuran antiguos colaboradores del exministro que pasaron por la firma privada, entre los cuales destacan:

• Miguel Ferré, exsecretario de Estado de Hacienda.
• Pilar Platero, exsubsecretaria del Ministerio.
• Diego Martín-Abril y José Alberto García, exdirectores generales de Tributos.

Según la tesis sostenida por el juez instructor, el nombramiento de personas vinculadas a la firma aseguraba la elaboración y tramitación de anteproyectos de ley y reglamentos a medida para las empresas investigadas.

Contratos y comisiones con el sector de los gases industriales

El auto detalla la relación mantenida con las corporaciones integradas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim) —entre las que figuran compañías como Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos—. Según la causa, esta patronal recurrió a los servicios del despacho para canalizar reformas tributarias favorables.

Estas gestiones habrían permitido obtener contrapartidas legislativas concretas, incluyendo una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y otras ventajas fiscales. El juez señala que los pagos abonados al despacho no correspondían a trabajos técnicos reales —ya que los informes los elaboraba una tercera auditora (EY) y eran retocados superficialmente por la firma—, sino que encubrirían el pago de comisiones por el ejercicio de influencias.

Durante el periodo comprendido entre 2011 y 2019, el despacho vinculado a Montoro habría percibido un total de 779.705 euros procedentes de las empresas gasísticas a cambio de estas modificaciones normativas.