A juicio un policía local de Santander por acceder a VioGén y pedir que se rebajara el riesgo de una víctima
Un agente de la Policía Local de Santander será juzgado por acceder presuntamente en varias ocasiones al sistema VioGén para consultar el nivel de riesgo de una mujer a la que no tenía asignada su protección y, posteriormente, pedir que se rebajara de medio a bajo. Según la investigación, el policía mantenía una relación personal con el presunto agresor.
La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión para el agente
El magistrado titular de la Plaza de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado la apertura de juicio oral contra el funcionario, después de que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por la mujer afectada, presentaran sus escritos de acusación.
La Fiscalía considera que los hechos podrían constituir un delito contra la intimidad y solicita para el acusado una pena de cuatro años y medio de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y una indemnización de 3.000 euros por los daños morales causados.
La acusación particular reclama, por su parte, tres años de cárcel, una multa de 8.100 euros, seis años de inhabilitación absoluta y una indemnización de 6.000 euros.
El auto judicial atribuye a la Audiencia Provincial de Cantabria la competencia para juzgar el caso y requiere a la representación legal del policía que presente su escrito de defensa.
El agente habría consultado datos de una víctima a la que no protegía
Según los indicios recogidos durante la instrucción, el policía local, destinado en la Oficina de Protección de Víctimas, habría accedido repetidamente a los datos de una mujer incluidos en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, conocido como VioGén.
El funcionario podía acceder al sistema por razón de su cargo, pero, según la resolución judicial, no tenía encomendada la protección de esa mujer. Su función de protección estaba vinculada al presunto agresor, quien figuraba como víctima protegida tras presentar una denuncia contra ella.
Las consultas habrían estado dirigidas, en concreto, a conocer la valoración del riesgo de la mujer, que en aquel momento era medio.
La relación personal con el presunto agresor, en el centro de la investigación
La resolución judicial señala que entre el policía acusado y el presunto agresor existía una relación personal, ya que este último era el arrendador del agente.
Tras consultar los datos de VioGén, el funcionario habría contactado con el agente de la Policía Nacional que tenía asignada la protección de la mujer. De acuerdo con las diligencias, habría conseguido que se reevaluara el nivel de riesgo establecido por el sistema, que pasó de medio a bajo.
El magistrado considera que la actuación investigada podría encajar en el delito atribuido al agente porque, más allá de acceder al sistema, habría consultado información protegida sin estar autorizado para ello y con la finalidad de perjudicar a la titular de los datos.
En una resolución anterior, el instructor rechazó la petición de la defensa para que se archivara la causa. En su argumentación, distinguió entre el acceso al fichero y el acceso a los datos concretos que contiene, en este caso, la valoración del riesgo de la víctima.
La Audiencia Provincial confirmó que la causa siguiera adelante
La decisión de continuar el procedimiento fue confirmada por la Audiencia Provincial de Cantabria, que desestimó el recurso de apelación presentado por el policía contra la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.
Una vez firme esa resolución y formalizadas las acusaciones, el magistrado ha acordado la apertura de juicio oral, el paso previo a la celebración del juicio.
El auto también establece que el acusado deberá prestar una fianza de 4.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades económicas que pudieran imponérsele. Asimismo, declara al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario.
El Consistorio deberá comparecer en el procedimiento, representado por abogado y procurador, en un plazo de diez días y presentar su propio escrito de defensa.
El policía se enfrenta ahora al proceso judicial por unos hechos que todavía deberán ser enjuiciados. Las penas solicitadas corresponden a las acusaciones y no constituyen una condena.
