Jaume Asens cree que el Rey debía de haberse callado
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha acusado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, de utilizar a la corona contra el Gobierno en pleno choque político por la renovación de este órgano.
Además, ha asegurado que el Rey Felipe VI debía haber asumido su rol institucional y haberse callado en lugar de llamarle tras su ausencia en el acto de en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona.
Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press para recalcar que el monarca no tiene autonomía política y que su agenda debe contar con el refrendo del Ejecutivo elegido democráticamente en las urnas.
Dónde va el Rey es una decisión que depende del gobierno elegido en las urnas. Por eso, el rey debería de asumir su rol institucional y haberse callado. Su llamada de queja a Lesmes es un error.
Es un error que la Casa Real haga saber que el monarca quería asistir a un acto, pero no le dejaban. No solo no daña al Gobierno, sino a la propia monarquía, ha ahondado.
Más si cabe cuando el destinatario de esa llamada es alguien que ahora mismo es un presidente de los jueces con el mandato caducado, y por tanto ilegítimo, que no ha tenido ninguna duda en utilizar la corona contra el Gobierno en un momento de choque entre él y el Gobierno por la renovación del CGPJ.
Asens también ha subrayado que la falta de controles en las funciones del monarca está en el trasfondo de la polémica y que en el acto de los jueces Felipe VI no podía aceptar la invitación sin consultar previamente con el presidente del Gobierno si es oportuna o no su presencia.
¿Como se le ocurrió al rey acordar por su cuenta, sin preguntar al Gobierno, su presencia en el acto de los jueces ?, se ha preguntado el dirigente de En Comú Podem para incidir en que en estas fechas está previsto que el Tribunal Supremo comunique su fallo sobre si inhabilita al presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra.
Además, ha aseverado que el acto de Barcelona estaba organizado por un Consejo General del Poder Judicial en funciones, es decir, sin legitimidad democrática, y cuando su renovación es un problema constitucional de primer orden.
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