El fiscal de la AN rechaza la decisión de García Castellón de reabrir el caso de los ‘ongi etorri’, tras haberlo cerrado el mismo
El fiscal de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación de ‘ongi etorri’ –actos de homenaje– a presos vascos, ha recurrido la decisión del juez Manuel García Castellón de prorrogar la instrucción para ampliar la investigación a chats presuntamente administrados por Sortu en los que se impartirían directrices e instrucciones sobre cuestiones relacionadas con presos y fugados porque no encuentra delito en los mismos y son ajenos a la investigación.
En once páginas, el fiscal Carlos García Berro indica a la Sala de lo Penal que la decisión del juez «dista mucho de ser ajustada a derecho» y recuerda que el propio magistrado ya en octubre de 2023 consideró «finalizada la instrucción».
Dado que la decisión de prórroga fue adoptada por el juez en enero a raíz de un escrito de Dignidad y Justicia (DyJ), el fiscal se detiene en los argumentos de la asociación de víctimas y explica que los hechos a los que hace mención son «completamente ajenos a la instrucción» y que sólo se refiere como única diligencia de instrucción que restaba por practicar al libramiento de mandamiento judicial a la compañía Telegram para que informara sobre la titularidad de canales así como la identificación de los administradores de los mismos.
El Ministerio Público acusa a DyJ de pretender realizar «una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen».
Cabe recordar que García Berro pidió al juez que acordase el procesamiento de Antón López Ruiz, Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio, el de los dirigentes de Sortu Haimar Altuna y Oihana Garmendia, así como la miembro de ‘Kalera Kalera’ Oihana San Vicente.
García Castellón señala que del análisis de los dispositivos informáticos de Eguilaz y San Epifanio se desprenden una serie de indicios. En uno de los chats administrados por Sortu, Eguilaz recibiría según el juez abundante información sobre actos y movilizaciones y mensajes sobre la puesta en libertad de los presos, que después eran difundidos por Etxerat o la revista Kalera.info, y en un chat que estaría administrado por la red ciudadana Sare.
El fiscal defiende que «en ningún caso podrán ser acordadas la práctica» de nuevas diligencias porque han sido solicitadas fuera del plazo. Resalta que de uno de los chats denominado ‘sortu – herritmoa bizitu’, del que el instructor considera necesario saber la identidad de los administradores, ya existe un informe de la Guardia Civil que aclara que lo administra Sortu y que «la información pretendida es perfectamente inútil» porque las noticias de excarcelaciones afluían por muy distintos canales.
Destaca además, que en ese chat «ni se imparten directrices e instrucciones ni la actividad desplegada en dicho medio de comunicación social es constitutiva de actividad criminal de ningún género», por lo que apunta que en caso de ser investigado se estaría «incurriendo en una investigación prospectiva».
En el caso de Sáez de Eguiluz, que en septiembre de 2020 recibió un mensaje en el que se decía ‘el preso vasco Rufino Arriaga natural de Ordizia en libertad tras 23 años en prisión’. «¿Dónde se quiere ver aquí la impartición de una directriz o de una instrucción?, ¿qué actividad de apariencia delictiva se quiere ver en esta publicación?, ¿qué conexión se ansía ver en una publicación abierta con la organización criminal objeto de imputación?», se pregunta el fiscal.
