García Castellón reabre a petición del PP un caso de presos de ETA que el mismo cerró hace tres meses
El juez Manuel García Castellón ha rectificado su decisión de dar por concluida la investigación por actos de bienvenida a presos vascos que tomó hace tres meses.
A petición de una asociación que preside un diputado del PP en la Asamblea de Madrid, y a la que se adhirió la acusación popular que ejerce el propio Partido Popular, García Castellón ordena ahora nuevas diligencias de acuerdo al contenido de un chat de Telegram de Sortu, el partido de la coalición EH Bildu, socio parlamentario del Gobierno.
El motivo de la reapertura adoptada por el juez son unos informes de la Guardia Civil que incluye conversaciones de chats de Telegram entre miembros de la izquierda abertzale vinculados al mundo de los presos vascos.
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Como hiciera recientemente con el caso de Tsunami Democràtic, el juez reconoce que ha tenido que “revisar las actuaciones” para aceptar la petición de Dignidad y Justicia, la asociación que preside el diputado autonómico del PP Daniel Portero.
El juez no cita la fecha de los informes de la Guardia Civil que le han servido para reabrir el caso pero fuentes próximas al mismo aseguran que son anteriores –algunos de hace más de dos años– a que el juez no los considerara necesarios para prolongar la investigación.
Tras una serie de publicaciones en los medios, García Castellón dice ahora que “el cierre de la instrucción [del 27 de octubre de 2023] fue prematuro, al faltar diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”.