El PP sigue blanqueando la ilegalidad de los VTC en la Comunidad de Madrid
La derecha del PP de Madrid ya no se esconde. Si el viceconsejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Carlos Díaz-Pache, publicó en su día un Tuit menospreciando al servicio público del taxi y defendiendo a capa y espada a Cabify, ahora se une su colega Jorge Rodrigo.
Y es que la publicación en Twitter se burlaba de los taxistas y ensalzaba a Cabify –una empresa que ni siquiera tributa en España, sino en un paraíso fiscal. Así ponía en la cúspide Díaz-Pache a Cabify:
«Solo me cobran distancia (no el tiempo), tengo wifi y agua gratis. En el taxi me ofrecen calendarios de cartón. No se…»
Jorge Rodrigo defendiendo a Cabify
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha lamentado que el Gobierno haya aprobado el Real Decreto Ley para regular los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) «en pleno periodo preelectoral».
Rodrigo ha señalado que el Gobierno central «vuelve a los modos y maneras de la Ley Ábalos que no ha contado con la participación de todos los sectores implicados y que, lejos de pensar en los usuarios, obedece únicamente a sus intereses».
Pero lo cierto es que el Ministerio de Transportes mantuvo una reunión con el sector del taxi y también con la patronal de los VTC.
Uber, Bolt y Free Now luchan en los despachos, mientras Cabify patalea por el nuevo Decreto
Decreto Ley
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, explicó este martes que la nueva norma ajusta la legislación española a la jurisprudencia europea, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que no se justifica el 1/30 –limitaciones a las autorizaciones de VTC– por razones económicas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño indicó que en el nuevo Real Decreto Ley, el Gobierno ha declarado al taxi como servicio público de interés general.
Entre las medidas acordadas, que «se han trabajado con todas las partes implicadas», se incluye como novedad exigir que el titular de la autorización de VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por más de tres meses.
También se incrementarán las exigencias de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Igualmente se dan más herramientas a las Comunidades Autónomas para limitar las autorizaciones y ordenar el servicio de transporte de viajeros en sus territorios, atendiendo a criterios de buen funcionamiento en la gestión del tráfico y motivos medioambientales.
BOE Decreto Ley VTC 29-06-2023
