Barcelona aprueba un Decreto Ley que mejora el acceso a la vivienda asequible
El Ayuntamiento de Barcelona celebra la aprobación del nuevo Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que ha impulsado el Gobierno de la Generalitat de Catalunya esta vez con la participación del Ayuntamiento de Barcelona y de los movimientos y organizaciones sociales que defienden el derecho a la vivienda.
Este nuevo decreto, a diferencia de lo que intentó impulsar el mes de julio, representa un cambio de paradigma para el Ayuntamiento de Barcelona, »un giro de 180 grados respecto al decreto anterior que tumbamos», remarcó Lucía Martín, concejala de Vivienda y Rehabilitación en el Ayuntamiento de Barcelona, que ha valorado la aprobación del decreto junto con la teniente de Alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz.
En el terreno urbanístico, Janez Sanz ha mencionado los siguientes cambios:
- La vivienda protegida pasará a estar protegida de manera permanente. «La ciudad y el área metropolitana ya no perderán más vivienda asequible», ha celebrado la teniente de Alcaldía.
- En las reservas de vivienda protegida como mínimo el 50% serán de alquiler.
- En suelos consolidados que se puedan cambiar los usos, la recalificación permitirá alcanzar niveles mínimos del 40% de reserva de suelo para vivienda asequible, así como en aquellos suelos donde actualmente sean no urbanizables y pasen a serlo en el futuro, también habrá una reserva mínima del 40% de vivienda protegida.
Estas reservas de vivienda protegida de alquiler constituyen una innovación en el derecho en España, y no existen en ninguna otra legislación de ninguna de las otras 16 comunidades autónomas.
- Desaparece la condición de garantizar la viabilidad económica de la medida de la MPGM del 30%, con lo que se simplifica la aplicación de este requisito.
- Corresponsabilización de los privados en la construcción de vivienda protegida: en los terrenos dotacionales de privados también se podrá construir vivienda dotacional.
- Habrá un precio único para la vivienda protegida y para toda el área metropolitana de Barcelona.
En el terreno de la emergencia
Lucía Martín ha remarcado tres normas nuevas que representan un gran avance y que a la vez suponen un «profundización en los cambios que inició la Ley 24/2015, pero reconociendo y abordando nuevas realidades que se están dando».
- La nueva definición de grandes tenedores de vivienda, que incorpora las personas físicas que sean propietarias de más de 15 viviendas. Esta definición tiene efectos en la obligación de ofrecer alquiler social a familias vulnerables que estén en sus viviendas, antes de iniciar procesos judiciales de desahucio por impago de hipotecas o impago del alquiler.
- La obligación de renovar automáticamente los contratos de alquiler social que se agotan a las familias vulnerables, con nuevos contratos con duración mínima de 7 años, de acuerdo con la LAU.
- Los bancos, fondos de inversión y gestores de activos inmobiliarios tienen la obligación de regularizar las personas y familias vulnerables que viven en sus viviendas desde hace 6 meses o más sin título habilitante. La concejala Lucía Martín ha recordado que «muchos de estos fondos buitres compraron precisamente estas viviendas y edificios a precio mucho más bajo precisamente porque había ocupantes sin título habilitante, ahora es necesario que se corresponsabilicen y que regularicen a estas personas».
Barcelona aprueba un Decreto Ley que mejora el acceso a la vivienda asequible
