Uber, Deliveroo: ¿Qué estan haciendo los gobiernos para poner fin a la explotación laboral?

¿Qué hacen los gobiernos para poner fin a la explotación laboral de Uber, Glovo y Amazon?

Cada vez más países cuestionan la clasificación de conductores y repartidores como falsos autónomos. Eje central del modelo económico de empresas como Uber, Deliveroo o Glovo, cuestionadas y prohibidas cada vez más por sentencias judiciales en todo el mundo por explotación laboral.

Este martes ha comenzado un juicio en París contra Deliveroo y tres de sus ex ‘dirigentes’ investigados por tener a trabajadores contratados como ‘autónomos’ pero realizando labores de asalariados. Este es el primer juicio en Francia que trata sobre la “uberización” de la economía.

Repaso desde España hasta China, pasando por América Latina, EE.UU. y UE

España modificó su legislación laboral en marzo de 2021 para que los repartidores (Ley Riders), sean considerados asalariados en lugar de “autónomos”, lo que comporta que estas empresas se hagan cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores.

Entonces, Deliveroo anunció a finales de noviembre, que abandonaba el mercado en España, a diferencia de otros como Uber Eats y Glovo, que buscaron los recovecos para seguir sin dar de alta a los trabajadores.

Precisamente, la Inspección de Trabajo está investigando a Glovo y Uber Eats por fraude de 14 millones de euros y finalizando un expediente en Zaragoza que afecta a 3.000 falsos autónomos por fraude laboral.

Varias iniciativas parlamentarias empezaron a tramitarse en América Latina para regular la actividad de estas plataformas, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de sus empleados, tratados como falsos autónomos.

Es el caso de Chile, Argentina, Brasil o Colombia, aunque de momento ninguna de estas propuestas se ha convertido en ley por ahora.

La administración Biden anuló en mayo una reglamentación adoptada durante el mandato de Donald Trump que dificultaba la capacidad legal de los trabajadores de las plataformas de reivindicar su condición de asalariados, con el objetivo de “mantener el derecho de los trabajadores a un salario mínimo y de una cobertura legal sobre las horas extras”.

El estatuto de los conductores de VTC se encuentra en el centro de un largo proceso judicial en California, donde el gobierno de este estado federado aprobó en 2019 una ley que los consideraba asalariados. Pero Uber contraatacó logrando que se aprobara a través de un referéndum la condición de autónomos de los conductores.

Finalmente, un tribunal declaró inconstitucional esta consulta en agosto del año pasado.

Bruselas publicó en diciembre los criterios de la Unión Europea para determinar si los empleados de las plataformas deben ser considerados asalariados.

Entre estos criterios, hay el hecho de que una plataforma estipule los niveles de remuneración, no permita a sus empleados rechazar tareas o imponga llevar uniforme. Esta iniciativa europea aún es solo una recomendación, pero se ve claramente que ha sido influenciada por la plataforma MOVE EU, creada por Uber, Free Now y Bolt.

La Corte de Casación francesa estableció en marzo de 2020 que había un vínculo de subordinación entre Uber y sus conductores. Por consiguiente, estipuló como “ficticia” su condición de autónomos y que debían ser tratados como asalariados.

Además de Deliveroo, la extinta plataforma de reparto de comida Take Eat Easy también se sentará en el banquillo de los acusados en octubre en París por explotación laboral.

El Tribunal Supremo británico estableció en febrero que los conductores de Uber eran “trabajadores” en lugar de “autónomos”. Tras esta decisión, Uber dio un estatuto híbrido de asalariados a sus 70.000 conductores en territorio británico.

En Italia, un tribunal de Milán también anunció a principios de diciembre que había logrado mejoras importantes en las condiciones laborales de los repartidores, a cambio de anular una importante multa contra las plataformas.

Un alto cargo del ministerio de Transportes chino exigió a las plataformas de VTC, como Didi, que mejoren las condiciones de trabajo de los conductores con una “remuneración decente” y un tiempo de descanso razonable.