Suspenden a un agente de los Mossos por trabajar de seguridad para la ultraderecha de Vox
El Departament de Interior de la Generalitat de Catalunya sancionó en abril del año pasado a un agente de los Mossos d’Esquadra por ejercer de coordinador con el servicio de seguridad del partido de ultraderecha Vox cuando tenían un acto en Girona:
El agente fue sancionado por una falta muy grave, con un año y un día de suspensión de empleo y sueldo. Después de una investigación, la División de Asuntos Internos (DAI) consideró que el policía, Carlos Pérez, ejercía una actividad incompatible con la de ser funcionario y que ponía en entredicho la “imparcialidad y la independencia del cuerpo”.
Pérez esgrime que se trataba de un “voluntariado”, sin funciones de seguridad propiamente, y que no está sujeto a ningún permiso, y denuncia que la Generalitat aplica un doble rasero cuando asegura que los policías que escoltaban al expresidente Carles Puigdemont en Francia pueden hacer lo que quieran en sus días libres.
Asuntos internos concluyó que resultaba “evidente que su actividad como coordinador de seguridad” para Vox tenía la “finalidad de garantizar la seguridad de los actos públicos” del partido en Girona. En su argumentación, consideraron que ese trabajo “compromete la imparcialidad y la independencia” del policía en Girona, donde insisten que le conocen, porque llevaba entonces 16 años trabajando, y él debe actuar “en todo momento y en todo lugar, esté o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana”. Lo que, añaden, podría provocarle “conflictos de intereses”: “Como por ejemplo, que se produzcan actos espontáneos que alteren el orden público o actos organizados por grupos contrarios a Vox, encontrándose en la disyuntiva de tener que escoger ejercer sus funciones como agente de los Mossos d’Esquadra y velar por la seguridad pública… o como coordinador de seguridad que defiende los intereses de un partido político”. Por todo ello, concluye que incumple de “forma palmaria la normativa sobre incompatibilidades” como policía, además de suponer un “conflicto de intereses” por “falta de imparcialidad o independencia que se pueda dar”.
En abril de 2023, le comunicaron la decisión a Pérez, que firma la secretaria general de Interior, de sancionarle con un año y un día de suspensión de empleo y sueldo. Pérez, que está de baja desde entonces, ha recurrido judicialmente y en diciembre está agendada la vista.
