Un centenar de juristas critican los ataques de la derecha y defienden la amnistía
Un centenar de juristas han firmado un manifiesto a favor de la ley de amnistía y contra los intentos desestabilizadores y los ataques a las instituciones constitucionales organizados por la derecha.
El manifiesto recuerda que la democracia española ya ha vivido otras amnistías, que esta figura está amparada en el derecho internacional y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está caducado desde hace 5 años aunque hoy se reúna de urgencia para valorar una ley que no ha sido registrada en el Congreso. Además, consideran que la amnistía puede ayudar a normalizar las relaciones entre el Estado y Catalunya.
El manifiesto, titulado ‘Juristas por la amnistía, la democracia y la convivencia’ y abierto a más firmas, muestra la preocupación de los firmantes por los ataques a una posible y necesaria ley de amnistía y por la desestabilización de las instituciones organizada por la derecha.
El manifiesto está firmado por juristas como el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo, el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, el exjuez Baltasar Garzón, el diputado de JxCat en el Parlament y ex decano del ICAB Jaume Alonso-Cuevillas, los dirigentes de los comunes Jaume Asens y Gerardo Pisarello, el senador de ERC y catedrático de derecho penal Joan Josep Queralt, el letrado del Parlament y exdirigente de ERC Joan Ridao, y algunos jueces y magistrados en activo y jubilados, incluso del Tribunal Supremo, así como catedráticos de derecho, abogados y funcionarios de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, entre otros.
El texto asegura que la democracia y la Constitución llegaron a España «pese» a la derecha política y recuerda que el PP fue fundado por siete ministros de la dictadura franquista y ha votado en contra de todas las iniciativas para condenar la dictadura debatidas en el pleno del Congreso. También recuerda que cuando en 1978 el pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Constitución, la mitad de los diputados de la entonces Alianza Popular (hoy PP) no votaron a su favor.
Según los firmantes, “se está intentando generar artificiosamente un problema jurídico para quienes vulneran la Constitución cada vez que interesa a sus objetivos políticos, incumpliendo el desarrollo de los derechos sociales, incumpliendo los derechos fundamentales de las personas e instrumentalizando las instituciones de forma partidista, como ocurre con el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace 5 años, manteniendo el órgano que se eligió durante el gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2013, con mayoría conservadora”.
Así, opinan que el CGPJ, “en lugar de asumir su realidad caducada y contraria a la norma, rompiendo su papel institucional mientras incumple sus obligaciones y plazos para los informes preceptivos sobre proyectos normativos de forma sistemática, o es incapaz de regular la carga de trabajo de la judicatura, hace posicionamientos políticos ajenos a su función sobre futuribles textos jurídicos y sobre la situación política como un partido político”.
El manifiesto explica que el indulto, la renuncia a la acción penal, la amnistía u otras figuras jurídicas equivalentes se han utilizado en distintos lugares del mundo. Como en España, con normalidad. En Francia, Italia o Suiza existen leyes de amnistía. En Portugal, se aprobó una amnistía para jóvenes el pasado 18 de julio, por la visita del Papa.
La amnistía es una figura recogida en tratados internacionales en vigor en España y también en diferentes leyes vigentes aprobadas en el período constitucional, como el reglamento general del régimen disciplinario del personal al servicio de la administración de justicia, la ley de enjuiciamiento criminal o la ley de memoria democrática.
El único límite excluyente para la amnistía en el derecho español, como en otras democracias, son los crímenes internacionales: los delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra. Los objetivos de las amnistías, según el derecho internacional vigente, son alentar la reconciliación social y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país.
La Constitución no prohíbe la amnistía
Los juristas dicen que la Constitución no prohíbe la amnistía, que opera sobre las conductas, pero sí prohíbe los indultos generales, que operan sobre las condenas penales firmes.
La prohibición del indulto general no impidió que el 1 de diciembre del 2000, un solo Consejo de Ministros del presidente Aznar (PP), aprobara 1.443 indultos, sin alegar ningún motivo de interés general.
El PP tampoco se opuso al indulto del que se benefició el general Alfonso Armada en 1988, condenado a 30 años de cárcel por ser el máximo responsable del intento del golpe de estado del 23 de febrero de 1981. La amnistía de delitos fiscales ha sido utilizada varias veces en la democracia española por todos los gobiernos menos el actual, incluidos los del PP, siendo las más importantes las de los años 1984, 1991 y 2012.
Por ello, consideran que “sólo puede calificarse de pura demagogia que organizaciones de juristas con meras finalidades partidistas califiquen de trampas procesos normativos aún no iniciados, o definan apocalípticamente como el principio del fin de la democracia, la aprobación de normas en sede parlamentaria, y por mayorías calificadas”.
“La amnistía no supone la despenalización de una conducta, sino la aplicación excepcional de una institución jurídica para normalizar una situación conflictiva, en este caso la normalización de las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado después de las tensiones independentistas de la década pasada, tensiones que gracias a los esfuerzos de la sociedad catalana y de la española en los últimos años se han ido atenuando, y que podrían desaparecer definitivamente gracias, entre otras medidas, a una posible amnistía”, aseguran.
Todos estos motivos mueven a los juristas a apoyar públicamente que la mayoría parlamentaria pueda aprobar medidas como una ley de amnistía para “contribuir a normalizar la situación política entre Cataluña y el Estado”, y piden que cesen los “intentos desestabilizadores y los ataques al funcionamiento normal de las instituciones constitucionales”, permitiendo que sean, respectivamente, los procesos parlamentarios y de control constitucional por el Tribunal Constitucional, quienes decidan “sin presiones ni injerencias” sobre la aprobación de leyes y el examen de la su constitucionalidad, en su caso.
