La fiscalía notificó en noviembre al abogado de Juan Carlos las diligencias sobre las tarjetas opacas
La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó el pasado mes de noviembre al abogado del rey Juan Carlos, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso de tarjetas bancarias con fondos opacos por parte del ex monarca.
El dinero, según los investigadores, podría tener su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
La importancia de esta notificación deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, «antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».
Que aún no se ha presentado la querella está claro, si bien la última parte del artículo, relativa a «actuaciones» que permitan tener conocimiento formal de las diligencias es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal.
La declaración voluntaria del exmonarca ha llegado formalmente a la Fiscalía del Tribunal del Supremo este jueves a través de los peritos de Hacienda adscritos al equipo que investiga las tres diligencias abiertas contra el que fuera jefe del Estado hasta junio de 2014.
El movimiento realizado por la defensa de Juan Carlos I, según las fuentes consultadas, constituye un «hecho nuevo» que debe ser analizado de forma pormenorizada antes de decidir sobre el archivo o no de las diligencias de investigación que fueron abiertas hace un año.
La presentación de esta declaración parecía ‘a priori’ despejar el camino a un archivo de las diligencias de la Fiscalía respecto al delito fiscal, pero siempre que la declaración sea «completa y veraz».
Además, deberá valorarse la incidencia de la notificación formal de las pesquisas, si bien éstas no han derivado aún en procedimiento judicial.
Asimismo, el mencionado 305.4 del Código Penal señala expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria si se paga la deuda antes de que por la Administración Tributaria «se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización». Esta notificación por parte de Hacienda no se produjo.
Por otro lado, la Fiscalía debe aclarar también el origen de los fondos de los que se benefició tanto el monarca como algunos de sus nietos con el uso de las tarjetas no deriva del blanqueo de capitales.
La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto uso de tarjetas bancarias de las que se habrían beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares.
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