Glovo y Deliveroo: La vergüenza de la Seguridad Social en España
El modelo laboral de las empresas de reparto de comida a domicilio como son Glovo y Deliveroo repercute cada año en 13,7 millones de euros menos en las arcas de la Seguridad Social, solamente en Catalunya.
Estos son los números de la UGT sobre la situación de precariedad en la que trabajan los riders, que se ven forzados a mantener una situación de falsos autónomos, a pesar de que las empresas ejercen un control total sobre ellos.
Los 3.042 repartidores activos en Cataluña, principalmente en Barcelona, reciben unos ingresos medios anuales de 10.800 euros, un dato que queda por debajo de los 19.294 euros que ganarían si se aplicara el Convenio Colectivo de Hostelería de la comunidad autónoma, como solicita UGT.
Sentencia del macrojuicio contra Deliveroo, que consideró a 500 riders como falsos autónomos
Trabajadores a coste cero
“Para tener un sueldo digno, un repartidor debe hacer 13 o 14 horas de trabajo diario”, ha denunciado el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, que ha remarcado que con el modelo de contratación a través de autónomos, estas empresas “consiguen tener trabajadores a coste cero, con lo que todo son beneficios”.
Según el documento del sindicato, estas empresas evitan 25,8 millones de euros en salarios cada año que, sumado a los 13,7 que tampoco se pagan a la Seguridad Social, se produce un ahorro total de 39,5 millones de euros anuales solo en Catalunya.
En el conjunto de España, donde el número de riders es de 14.337, la cifra alcanza un total de 168 millones de euros.
La figura del falso autónomo
El que estos modelos de negocio no quieran reconocer la relación laboral por cuenta ajena de sus trabajadores supone un elevado coste económico y social.
Además del ahorro para las plataformas digitales, existe también la vulneración de otros derechos básicos de los trabajadores, como:
El derecho a vacaciones, a desempleo, a tener horarios y turnos previsibles, a la seguridad y salud laboral y otras cláusulas que incluye una relación laboral reconocida judicialmente.
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