Uber Eats contra las cuerdas. La fiscalía de la Audiencia Nacional ordena una investigación por posibles delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores
El pasado 25 de septiembre la asociación Élite Taxi Barcelona, con el apoyo de Riders x Derechos y Taxi Project, presentaron en la Audiencia Nacional una querella contra Uber Eats, acusando a la mercantil de delitos de estafa, delito contra los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social y fraude a la Hacienda Pública.
La querella se hacía extensible por presunto delito de organización criminal a Anabel Díaz, directora general de Uber en Europa, Oriente Medio y África; Felipe Fernández de Aramburu, actual director general de Uber España y Portugal; y Juan Galiardo Sosa, director de Uber España en el momento de haberse cometido los presuntos delitos.
El pasado viernes, 6 de octubre, el Juzgado Central de Instrucción número 2 admitió a trámite la querella criminal interpuesta por taxistas y Riders contra Uber.
Según la información a la que ha tenido acceso Timis Local News, la fiscalía ha emitido hoy 10 de septiembre un Auto en el que ordena la investigación a la mercantil Uber Systems Spain, S.L., Portier Eats Spain, S.L., y a sus administradores, todo ello bajo la sospecha de los delitos antes mencionados. La investigación se realizará a las mercantiles y a las personas físicas que constan en los Autos.
La utilización de la figura de los Riders como falsos autónomos por empresas como Uber Eats está tipificada el el Código Penal como delito a partir de que entró en vigor la Ley Rider, por lo que puede llegar a ser castigada con penas de prisión.
Las entidades acusan a la empresa de su poder decisorio, para la creación de un modelo de fraude y lucro ilícito de la compañía, utilizando falsos autónomos para simular trabajos en su beneficio y perjuicio de los trabajadores, a los que engañó aprovechando la necesidad de trabajo existente y vulnerabilidad.
Todo lo cual se encuadraría en los delitos de estafa, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, dentro de una posible organización criminal.
Querella criminal contra Glovo
El 20 de septiembre, el Observatorio de Trabajo, Algorítmico y Sociedad (TAS), en colaboración con la plataforma sindical Riders X Derechos y Taxi Project 2.0, también presentaron una querella criminal contra Glovo por presuntos delitos contra la hacienda pública y contra la Seguridad Social, delitos de estafa, y delitos contra los derechos de los trabajadores.
La querella señala que estas prácticas se llevan ejerciendo desde el año 2015 como conducta continua, lo que conlleva a considerarlo un dolo reduplicado y, por lo tanto, tener que juzgarse como delito de estafa.