El Gobierno advierte a las autonomías que rechacen acoger a menores migrantes: “Podrían intervenir las fuerzas de seguridad”
El Ejecutivo ha elevado el tono frente a las comunidades autónomas que rechazan la reubicación de menores migrantes no acompañados provenientes de Canarias, Ceuta o Melilla. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, advirtió que, en caso de incumplimiento, “las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrían que intervenir para garantizar la legalidad”, según declaraciones recogidas por EFE.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto que regula este reparto obligatorio ha intensificado la confrontación con las comunidades gobernadas por el PP y con Castilla-La Mancha. La norma fija la capacidad de acogida de cada territorio y establece su aplicación inmediata, con el objetivo de reubicar a unos 3.000 menores y atender también a quienes lleguen a partir de septiembre.
Paralelamente, el Gobierno ha comenzado a hacerse cargo de otro millar de menores solicitantes de asilo, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recordó que la medida es de cumplimiento obligatorio y advirtió que el incumplimiento tendrá consecuencias legales.
Criterios de reparto
El sistema de distribución establece que las autonomías podrán solicitar traslados cuando superen el ratio de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes. Además, se tendrán en cuenta factores como:
- Esfuerzo previo de acogida
- Nivel de renta
- Insularidad o condición fronteriza
Bolaños defendió que estos parámetros son “objetivos y transparentes” y que no favorecen a ningún territorio.
Frente a los recursos presentados por once autonomías ante el Tribunal Constitucional y el Supremo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recordó que ambos tribunales han priorizado la protección de los menores y que el Constitucional reconoció la “competencia compartida entre comunidades y Gobierno de España” en esta materia.
Clavijo insistió en que “acoger a 4.000 menores no debería suponer un problema en un país con 49 millones de habitantes”, apelando a la solidaridad y humanidad de las comunidades.
Acusaciones de xenofobia en el debate político
El presidente canario criticó la presencia de discursos xenófobos y de corte fascista en el debate migratorio:
“Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación. El populismo de derechas, xenófobo y fascista, está utilizando el color de piel como argumento político”.
Rechazo de varias comunidades
Por su parte, comunidades gobernadas por el PP y también Castilla-La Mancha (PSOE) han rechazado la medida alegando imposición y falta de diálogo. El Ejecutivo recordó que dichas autonomías se ausentaron de la Conferencia Sectorial de Infancia, lo que permitió fijar unilateralmente los parámetros.
- Andalucía denunció un supuesto trato de favor al País Vasco y pidió que se le reconozca como territorio fronterizo.
- Castilla-La Mancha argumentó que la acogida es “inviable” sin financiación estatal suficiente.
- La Rioja solicitó conocer el número exacto de menores que recibirá.
La presidenta balear, Marga Prohens, tachó de “amenaza y matonismo” las palabras de Torres y lanzó la pregunta: “¿Me enviarán a las fuerzas de seguridad?”
Reparto provisional de menores
Según las cifras iniciales, la distribución quedaría así:
- Andalucía: 677
- Madrid: 647
- Comunitat Valenciana: 571
- Castilla-La Mancha: 320
- Galicia: 317
- Aragón: 251
- La Rioja: 205
- Castilla y León: 197
- Extremadura: 159
- Cantabria: 156
- Asturias: 144
- Región de Murcia: 133
- Navarra: 188
- Illes Balears: 49
Por su esfuerzo previo en acogida, País Vasco y Catalunya quedan exentos, aunque la Generalitat ha anunciado que acogerá voluntariamente a 31 menores.
