El Congreso rechaza las medidas contra la 'okupación' solicitadas por la derecha

El Congreso rechaza las medidas contra la ‘okupación’ solicitadas por la derecha

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la iniciativa pactada por los partidos de la derecha, Ciudadanos, PP y Vox, que planteaba varias modificaciones legislativas para endurecer las penas contra quienes ocupan inmuebles ilegalmente, agilizar su recuperación por parte del propietario y garantizar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad habitacional.

El pasado martes, Cs llevó al Pleno una proposición no de ley para prevenir y atajar el fenómeno de la ‘okupación’, y durante el debate acabó pactando una enmienda transaccional con el PP y con la extrema derecha.

Pero el texto, que se ha votado este jueves, finalmente ha sido rechazado por la Cámara Baja al recibir el ‘no’ del PSOE, Unidas Podemos, ERC y Buldu, mientras que Junts per Catalunya y el PNV se han abstenido.

Lo que proponían Ciudadanos, el PP y Vox era, por ejemplo, instar al Gobierno a diseñar mecanismos legislativos para que los casos de ocupación ilegítima o usurpación se puedan resolver a través de un proceso sumario que permita recuperar la vivienda, el inmueble o el edificio en menos de doce horas.

En segundo lugar, apostaban por reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las demandas que busquen el lanzamiento o desalojo se decidan en un juicio verbal y que el tribunal acuerde la recuperación inmediata del inmueble por parte del demandante, así como que los delitos de usurpación puedan ser objeto de enjuiciamiento rápido.

Además, proponían modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para que, ante indicios de que la vivienda se usa para la comisión de delitos graves, las fuerzas policiales puedan proceder a la entrada, registro, identificación y desalojo de los ocupantes y se restituya en la posesión al legítimo propietario, es decir, la Ley Corcuera.

En cuarto lugar, se planteaba una reforma del Código Penal que endureciera las penas de prisión: de uno a tres años para el delito de usurpación y de cuatro a seis años cuando se cometa con violencia o intimidación. Y si las conductas se realizaran con fuerza en las cosas, las penas se incrementarían en un grado.

En el debate del martes, Ciudadanos, el PP y Vox advirtieron de que la ‘okupación’ es una «lacra» en España y que en muchos casos está organizada por «mafias».

Diferencias entre usurpación y allanamiento

En la televisión y prensa se repite cada día el fenómeno de la ‘okupación’ que genera una gran alarma social, como que  cada día se producen 41 denuncias por okupación en España.

El problema es que en ese saco se meten tanto las demandas por «usurpación» como las denuncias por «allanamiento«, dos delitos muy distintos y con consecuencias legales diametralmente opuestas.

El allanamiento es un delito grave penado con hasta 2 años de cárcel e implica que alguien entra sin permiso en una vivienda que es tu primera o tu segunda residencia.

Puede ser un ladrón con la intención de robar, un familiar violento, tu pareja que no acepta un divorcio, o un okupa.

En todos estos casos, la justicia siempre da la razón al propietario y la policía desaloja la vivienda en unas 48 horas, a veces incluso sin esperar a la resolución judicial.

La usurpación

En cambio, la usurpación es un delito menor penado con una multa y que se da cuando alguien ocupa una vivienda deshabitada.

Normalmente son pisos de bancos, promociones sin vender o locales de la administración pública, aunque también puede haber casas de particulares que no son primera o segunda residencia.

«Estadísticamente es más probable que alguien nos mate a que alguien se meta en nuestra casa», explicó en Hoy por Hoy el magistrado Joaquim Bosch, a la par que incide en que los casos de allanamiento de morada son muy graves y se desalojan inmediatamente.

De esta manera, señala que en caso de que una persona salga a trabajar y al volver a su hogar esté okupado, puede ir a la comisaría, formalizar la denuncia demostrando que es su vivienda y la policía desalojará a las personas que han ocupado la casa.

No obstante, indica que en caso de que las fuerzas de seguridad tengan dudas sobre los derechos de quienes están dentro, pueden acudir al juzgado de guardia y el desalojo se producirá.

«La usurpación, la okupación de viviendas vacías, la mayoría de los casos es de gente que no tiene donde vivir», añade Bosch.

El Congreso rechaza las medidas contra la ‘okupación’ solicitadas por la derecha