La ONU pide a España frenar el desahucio de Maricarmen o garantizarle una vivienda alternativa
El caso de Maricarmen, una pensionista de 87 años que lleva más de siete décadas residiendo en la misma vivienda del distrito madrileño de Retiro, ha llegado hasta Naciones Unidas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español que paralice el desahucio previsto o le proporcione una solución habitacional adecuada mientras analiza el fondo del asunto.
El organismo internacional considera que existe un riesgo real de que la afectada pueda sufrir «daños irreparables» si el lanzamiento se ejecuta sin que disponga de una alternativa residencial ajustada a sus necesidades.
Un tercer intento de desalojo fijado para finales de junio
Maricarmen ya ha logrado evitar dos intentos de desahucio gracias a la movilización vecinal y al respaldo del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Sin embargo, el juzgado ha señalado una nueva fecha para el lanzamiento: el próximo 24 de junio.
La defensa de la afectada recurrió al Comité DESC de Naciones Unidas para denunciar la ausencia de una alternativa habitacional y la situación de vulnerabilidad que atraviesa esta vecina madrileña, cuya salud se habría deteriorado por la incertidumbre generada durante los últimos meses.
Setenta años en la misma casa
La mujer reside en esta vivienda desde mediados del siglo pasado gracias a un contrato de renta antigua firmado inicialmente por su padre. Tras diversos cambios de propiedad del inmueble, la actual empresa propietaria cuestionó la validez de la subrogación del contrato y reclamó unas condiciones económicas imposibles de asumir para la pensionista.
Según ha trascendido, el alquiler pasó de unos 440 euros mensuales a más de 1.600 euros, una cifra superior a los ingresos que percibe cada mes, procedentes de su pensión. Esta situación desencadenó el proceso judicial que amenaza con expulsarla del hogar en el que ha desarrollado prácticamente toda su vida.
La ONU recuerda las obligaciones del Estado
En el escrito remitido a España, el comité subraya que los desalojos no deben dejar a las personas sin vivienda ni exponerlas a vulneraciones de derechos humanos. Además, recuerda que cuando quienes afrontan un desahucio carecen de recursos suficientes, corresponde al Estado adoptar medidas para ofrecer una alternativa habitacional adecuada.
El organismo ha concedido plazo hasta el 1 de diciembre para que las autoridades españolas informen sobre las actuaciones adoptadas en relación con este caso.
Un caso convertido en símbolo de la crisis de vivienda
La historia de Maricarmen se ha transformado en uno de los ejemplos más visibles del debate sobre el acceso a la vivienda en España. Diversos colectivos consideran que refleja las dificultades que afrontan muchas personas mayores ante el incremento del precio de los alquileres y la escasez de alternativas asequibles.
Mientras el procedimiento continúa su curso, la decisión final sobre la suspensión del desahucio recaerá en el juzgado competente, que deberá valorar la petición formulada por Naciones Unidas y determinar si procede aplazar el lanzamiento o exigir una solución residencial antes de ejecutarlo.
