Lo que queda pendiente sobre el control a Amazon, Uber y Glovo
Los defensores de los derechos sociales en Cataluña mantienen la lupa puesta sobre la evolución de un sector al alza: la economía de plataforma y los gigantes del comercio digital.
Un sector que ha dejado numerosas denuncias laborales y sociales -con multas a Amazon, sentencias contra Glovo e incluso una normativa hecha a medida para restringir la actividad de Uber en Catalunya- y que, sin embargo, todavía tiene un amplio espectro de mejoras a aplicar.
Especialmente con estas tres empresas, por el impacto que acumulan en Barcelona, pero también con el conjunto del sector. Este es el informe Vulneraciones de derechos sociales e impacto ambiental del consumo digital, realizado por el Observatori DESC y presentado este jueves. Un estudio en profundidad que plantea medidas pendientes y que sirve de toque de atención a las distintas administraciones.
Si bien se han atomizado algunas de las principales preocupaciones y los retos futuros, la presentación del informe ha servido para poner el foco en la falta de garantía que suponen las economías de plataforma en cuanto a los ingresos o la inversión en pensiones.
«Niega la dependencia laboral de las personas que trabajan, incrementa los riesgos en salud y seguridad y, al mismo tiempo, apuntala también discriminaciones laborales por razón de género», concluye el estudio. Sin embargo, en este sentido, se han expuesto unas preocupaciones que van desde el nacimiento económico de estas compañías hasta el impacto ambiental que suponen.
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Inversión de capital riesgo
Uno de los elementos más preocupantes que han apuntado las autoras del informe es el surgimiento e implantación de empresas que florecen a raíz de la inversión de capital riesgo, una fórmula que exige una necesidad de facturación más inmediata y que ha comportado que se desplieguen rápidamente para captar cuota de mercado de forma agresiva. Y cuando las administraciones han reaccionado a estas técnicas, empresas como Uber o Glovo ya se habían extendido entre los usos de la ciudadanía, han expuesto las ponentes.
De hecho, el documento presentado plantea la necesidad de «estudiar mejor la relación entre las inversiones de alto riesgo y las vulneraciones de regulaciones locales y laborales».
Unos principios que deberían potenciarse cuando las compañías actúan con márgenes bajos de beneficio y entornos laboralmente precarizados. Además, debe tenerse en cuenta que, a medio plazo, las economías de plataforma se caracterizan por dibujar un sector «con tendencias monopolísticas» que se acaban utilizando como palanca de poder o por «influir en los precios del mercado», ha expuesto la coordinadora del informe, Marta Ribera Carbó. Para ejemplificarlo, ha mencionado el caso de Delivery Hero, que recientemente compró Glovo y ocupa grandes porciones de mercado en una cincuentena de países.
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Deberes de la administración
También se plantea la necesidad de endurecer las penas en el caso de las normativas actuales, ya que todavía existe una gran parte de los trabajadores de empresas de plataforma que siguen operando como falsos autónomos. Y en concreto, sobre la ley rider, se deja ver una evidencia excluyente, que es que sólo se da cobertura legislativa al sector del reparto a domicilio. Por el contrario, el resto de trabajadores de la economía de plataformas quedan sin regulación específica.
Discriminación de género
En cuanto a la perspectiva de género, el estudio subraya que el espacio digital en el comercio reproduce los propios patrones y brechas de la economía analógica. Por cuestiones de conciliación familiar, se ha observado que se penaliza a las mujeres, ya que tienen más dificultades para trabajar en horas que el software premia la disponibilidad, como las noches o las jornadas intensivas. Quien cuida a la familia a esas horas no puede operar. Para solucionarlo, se plantea que se impulsen «procesos de optimización de datos» que eviten discriminaciones.
En este sentido, tanto Ribera como la portavoz de Riders X Derechos y la cooperativa Mensakas, Núria Soto, han recalcado el peso que tiene el algoritmo y el propio software en el diseño operativo de estos modelos de negocio.
En este sentido, Soto lamentó que se sustituya una figura de gestión humana, porque «el algoritmo no tiene en cuenta todo un contexto social» que permite coordinar al equipo que otorga un servicio. «Una persona puede evaluar si una compañera tiene la regla, o si un compañero lleva mejor el estrés o si otro puede llevar más cajas», y todo esto se difumina en la apuesta creciente de las plataformas.
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Menos emisiones en los repartos
Mientras, si bien no se ha llegado a ninguna conclusión taxativa, el estudio también ha incidido en la valoración de que el consumo digital cada vez nos arrastra a demandar productos que vienen de más lejos, y que esto tiene un impacto claro.
Por el contrario, también se ha planteado -incluso con el visto bueno práctico del responsable de los Servicios de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Adrià Gomila, presente en el acto- que existen aprovechamientos de rutas y envíos de paquetería con comercio digital que suponen menos emisiones que ir de compras presencialmente.
Sea como fuere, pues, el informe hace un análisis extensivo que, además de pedir a los gobiernos que revisen y regulen la actividad de las grandes empresas de la economía de plataforma, también se propone directamente hacer crecer el peso de las formas sociales y solidarias a la hora de ocupar el consumo digital. En este sentido, Marta Ribera ha mencionado una posibilidad al alcance de las actuales administraciones. «La ley de contratos del servicio público ya contempla la reserva de contrato, que para ciertos servicios como el reparto a domicilio o la mensajería, sólo puedan optar empresas de la economía social y solidaria», ha rematado.
